La historia de Rubí Mirasso es la de muchas travestis y trans presas por infracción a la ley 23.737 en Argentina. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 39% de la población de mujeres trans se encuentra privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas están presas sin condena. En su caso, a la persecución policial y judicial se suma la burocracia y el problema estructural de falta de recursos que impidió que se realizaran los peritajes necesarios a tiempo. Llegó a juicio el Tribunal en lo Criminal 3 de la Plata ordenó su libertad pero tres años y cuatro meses de su vida los pasó detenida.
Rubí Mirasso, una joven trans de 32 años, pasó los últimos tres años y cuatro meses de su vida presa, acusada de vender drogas. El jueves 16 de diciembre el Tribunal en lo Criminal 3 de la Plata ordenó su libertad después de recibir los resultados de un peritaje clave que tardó más de la cuenta: la sustancia “polvorienta color blanco” que le había secuestrado la Policía Bonaerense no era cocaína, era paracetamol picado.
A pesar de que la defensa oficial le recomendó aceptar un juicio abreviado, Rubí había insistido en defender su inocencia en un juicio oral. “Fue mucho sufrimiento. Pasó mucho tiempo y me da mucha bronca no poder recuperar todos estos años que estuve presa y se demostró que era inocente. Estoy muy contenta. Fue una mezcla de emociones escuchar que estaba absuelta”, dijo Rubí a LatFem, que no contaba con antecedentes penales hasta esta detención.
La madrugada del 14 de julio de 2018, en el cruce de las calles 1 y 47 en La Plata, efectivos de la policía Bonaerense la detuvieron a ella y a otra trabajadora sexual después de constatar, según el expediente al que tuvo acceso LatFem “movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo”. Le encontraron 2,3 gramos de una sustancia que parecían cocaína. Rubí quedó imputada por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, un delito no excarcelable.
“Cuando nos llevaron a la comisaría no nos mostraron las pruebas que hicieron con las bolsitas”, dijo ella en su declaración judicial. Y contó que cuando la detuvieron hacía dos o tres semanas había empezado a vender paracetamol picado que compraba en la farmacia porque las personas que se le acercaban a su parada le pedían drogas. La única prueba que se hizo sobre la sustancia secuestrada fue el denominado “test de orientación”, que se hace para saber si puede o no haber otras sustancias en lo que se incauta. El resultado no fue claro.
Pasó 62 días presa en una comisaría y luego fue trasladada a la Alcaídia Pettinato, donde estuvo otros 25 días. Finalmente la llevaron a la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela donde estuvo 11 meses. Allí sufrió un ataque físico por parte del personal penitenciario. Denunció la violencia institucional y gracias al acompañamiento y la insistencia del activismo trans, Rubí logró acceder a una detención domiciliaria en la casa de su madre en La Plata.
El debate estaba programado para noviembre pero la sustancia todavía no había sido peritada y la fiscal no se presentó al debate porque dio parte de enferma. Después, se dispuso una nueva fecha para realizar la pericia el 19 de noviembre, pero como era el aniversario de la ciudad de La Plata, hubo asueto administrativo. Entre las idas y vueltas judiciales, Rubí seguía presa.
En más de tres años de proceso judicial la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la provincia de Buenos Aires -por la demanda constante y la falta de recursos-no tenía turnos para peritar la sustancia incautada que era la única prueba en contra de Rubí. El peritaje que tenían que hacer se llama cromatográfico y lo realiza la División Cromatografía Gaseosa de la Dirección Química Legal. Cuando finalmente se hizo el peritaje se constató lo que ella había dicho en su declaración judicial desde un primer momento: no era cocaína, era paracetamol picado. El último jueves 16 de diciembre, la fiscalía desistió de la acusación y el tribunal ordenó la libertad de Rubí.
Esta trama de persecución direccionada y desproporcionada contra determinadas poblaciones se ve reflejada en las estadísticas: según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 39% de la población de mujeres trans se encuentra privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas están presas sin condena. “La ley de drogas funciona como la excusa que posibilita el control poblacional por parte de las policías y abre un marco en el que se justifican abusos policiales y judiciales”, dicen desde este organismo que acompaña a Rubí junto a Reset – Política de Drogas y Derechos Humanos.
“El caso de Rubí muestra cómo se investigan estos delitos menores, la evidencia de cómo el Ministerio Público Fiscal persigue los delitos menores de drogas y la vehemencia de recursos que se ponen a disposición de casos que no deberían ser abordados desde el derecho penal y la práctica punitiva sino desde la salud pública. Tratan de conseguir detenciones y mostrar resultados en las detenciones por delitos de drogas pero no persiguen una lógica de investigación compleja que permita desenredar redes de narcotráfico. En este caso estaba claro que no había necesidad de que el derecho penal se involucrara. Rubí no necesitaba un Estado que la persiguiera y criminalizara sino que necesitaba un Estado que le tendiera una mano para vivir mejor”, dijo a LatFem Fabio Vallarelli abogado del equipo Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Fuente: LATFEM
