Los problemas económicos y las prioridades, entre la pobreza y el endeudamiento, para la nueva gestión en Argentina
Por Julio C. Gambina
En el inicio de la gestión se escucharon de Alberto Fernández fuertes críticas al gobierno anterior de Mauricio Macri. Anunció una perspectiva de rumbo diferenciado de la política económica, de contenido “anti neoliberal”, algo que empieza a definirse en las primeras horas de la nueva administración. Esto genera expectativas esperanzadas en la mayoría social afectada por la política del anterior gobierno y que sustentaron las motivaciones electorales para el cambio de la gestión. Al mismo tiempo, el poder económico presiona para no perder posiciones, privilegios, ni ganancias o condiciones para la acumulación de capitales.
Las primeras declaraciones de Martín Guzmán como Ministro de Economía, tratando de interpretar el sentido del voto mayoritario de la sociedad, apuntan a combatir la recesión y las extendidas negativas consecuencias sociales. Indicó que “La tarea que me encomienda el Presidente es trabajar para frenar la caída, para tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de desarrollo que sea sostenible y por supuesto que sea con inclusión social” Agrega en su primer mensaje que “Está claro que lo que venimos a hacer es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad.” Respecto de la deuda señala en ese mensaje que “Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar. Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los privados y con el FMI, entendiendo que acá hay un problema y que tenemos que resolverlo para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar”.
No hay duda, según estas declaraciones, de una correlación entre crecimiento económico con inclusión social para poder atender en el futuro el problema del endeudamiento. La gran incógnita es como se resolverá la cuestión en concreto. La presión social por resolver lo económico social tiene una fuerza en contrario para resolver las aspiraciones de los acreedores de la deuda. Es una contradicción irreconciliable e incluso muy difícil para afrontar una negociación que favorezca el objetivo de inclusión social. ¿Es posible en algún momento atender la demanda de los acreedores? El interrogante no es retórico y supone un debate a fondo, incluso si es posible solo contenerse en una prédica anti neoliberal.
Deuda y urgencias
En el mensaje presidencial inaugural se anunció que no habrá presupuesto 2020 hasta tanto no se resuelva la renegociación del endeudamiento público con el FMI y los acreedores privados. Así, la deuda aparece entonces como un gran condicionante de la nueva gestión de gobierno. No es sustentable la deuda bajo las condiciones actuales y, por ende, nada puede calibrarse a futuro hasta que no quede claro a cuánto ascenderán y desde cuando los compromisos a cancelar con los acreedores externos. También existe la hipótesis que ni con postergación de pagos y años de gracias se pueda solventar el endeudamiento, en buena parte calificado como “deuda odiosa”, tanto por el deudor que tomó el préstamo a sabiendas que jamás podría cancelar, como que el acreedor era también consciente de la situación de impago futuro.
Resulta interesante seguir al detalle el problema de la deuda pública. Hubo vencimientos en divisas y en pesos en la primera semana de gestión, los que se “honraron”, estimándose que ocurrirá lo mismo con los que restan en el 2019 y siguientes inmediatos del 2020. Aludimos a unos compromisos futuros para el 2020 por unos 35.000 millones de dólares más otro tanto equivalente en pesos, los que podrían resolverse con emisión de pesos, mal que les pese a los monetaristas, pero no ocurre así con los vencimientos en divisas. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la cancelación de vencimientos, no solo por agotamiento de divisas, sino por la presión social de atender insatisfechas demandas populares?
Una de las hipótesis que se consideraba antes de la asunción del Presidente y del Gabinete, apuntaba a la posibilidad de la suspensión de los pagos, capital e intereses, por un par de años, o más. El tema era abonado con declaraciones relativas al “virtual default” de la Argentina, asunto considerado en un documento presentado por Martín Guzmán en el ámbito de Naciones Unidas en noviembre pasado. Allí se sostenía la dialéctica entre el crecimiento económico y la suspensión de los pagos por la deuda, a resolver en un rápido acuerdo entre la asunción presidencial en diciembre y marzo próximo, algo así como una renegociación de pagos en 90 días, bajo el imaginario de aceptación de un diagnóstico de fracaso del plan del FMI con el gobierno de Macri. El FMI y el socio principal, EEUU, dicen que favorecerán la negociación, aun cuando dudemos que la burocracia del Fondo aceptará su incompetencia al otorgar un préstamo impagable, e intentará negociar desde sus posiciones de poder.
Martín Guzmán actúa ahora como Ministro de Economía y los antecedentes académicos constituyen una referencia y no necesariamente se compadecen con una política estatal. Todo indica que la deuda seguirá cancelándose con recursos fiscales o de reservas internacionales, mientras se procesa la negociación con los acreedores privados y el FMI. La hipótesis puede apuntar que las demandas internas pueden resolverse con emisión, aun cuando Guzmán sostuvo que eso podría afectar los equilibrios macroeconómicos. No hay posibilidad de seguir pagando deuda en dólares y satisfacer la enorme demanda social insatisfecha.
¿Habrá default con suspensión unilateral o aceptación de plazos importantes de gracia por los acreedores, aun antes de renovar las cancelaciones de la deuda?
Claro que, sin perjuicio del condicionante de la deuda, la urgencia a resolver deviene de los problemas socioeconómicos generados por la política económica de estos años y que se concentran en la situación alimentaria y de pobreza, de empleo, de precios y de ingresos de una parte considerable de la empobrecida sociedad argentina. Por eso, el trabajo al inicio de la gestión se presenta en dos direcciones. Una apunta a resolver la urgencia derivada de la pobreza y la otra, también imperiosa, de renegociar los vencimientos de la deuda, que imaginamos en sintonía con estudios previos del Ministro y declaraciones en el mismo sentido del Presidente Alberto Fernández. ¿Podrán atender ambas demandas? La respuesta supone un gran desafío desde la política que el oficialismo pueda consensuar ante la demanda social o de los acreedores de la deuda pública.
Presiones cruzadas
Las respuestas a las primeras declaraciones del oficialismo muestran el juego y los intereses de sectores contrapuestos, todos desde las expectativas esperanzadas, que son contradictorias.
Unos, desde el poder pretenden y aprueban la reactivación económica pensando en fortalecer la capacidad de obtener ganancias y acumular capital, por lo que observan con atención las señales en materia fiscal, más precisamente que no aumente la presión fiscal sobre el capital, la renta o las ganancias, incluso abren el paraguas de la crítica ante el aumento o reposición de retenciones. En la cuestión monetaria sostienen el sentido común impuesto de la restricción a la emisión como mecanismo privilegiado de contención inflacionaria, omitiendo sus responsabilidades en el establecimiento de los precios. Observan con esperanza la posibilidad del crédito que actuará en la activación del consumo y el mercado interno, especialmente un impacto favorable en la tendencia a la baja de las tasas de interés. Con mesura, o no tanto, seguirán apostando con presiones a las reformas laborales y previsionales contenidas en el acuerdo con el FMI, todo con el fin de favorecer inversiones externas e inserción del capital local en el orden capitalista mundial.
Otros, la gran mayoría afectada por las antipopulares políticas de la era Macri, tienen expectativas por inmediatas soluciones en materia de alimentación, satisfacción de derechos postergados, empleo e ingreso para resolver con premura cuantiosos problemas económico sociales. La baja de los precios y una tendencia a la baja de la inflación se inscribe en este sentido. Existe una gran demanda para que se resuelva la condonación de los intereses derivados del gran endeudamiento privado por el encarecimiento de las tarifas y las elevadas tasas confiscatorias de préstamos o tarjetas. Es un problema de familias y de instituciones sociales populares e incluso innumerables emprendimientos micro y de pequeños y medianos empresarios y productores. La pobreza cercana al 40%; la mitad de la población trabajadora con problemas de empleo o ingresos salariales disminuidos, e incluso jubiladas y jubilados, no solo los de la mínima que son mayoría, son parte de una multitud que espera respuestas concretas antes de fin de año, que bajen los precios, más allá de cualquier perspectiva de mediano plazo que pueda discutirse en un Consejo Económico y Social.
Son intereses contradictorios que animan y potencian la conflictividad social en la disputa por el ingreso y la riqueza, más aún con una inflación para el año superior al 50%, que expresa la lucha por la apropiación de la riqueza social. Son los pocos con poder los que pueden satisfacer sus aspiraciones en un marco de alta inflación. La mayoría pierde ante los límites para defender sus derechos e ingresos. Los jubilados y las jubiladas pretenden mejorar sus alicaídos ingresos y el poder económico pretende des-indexar los ingresos previsionales y achatar aún más la pirámide de esos ingresos previsionales. Al mismo tiempo interviene el poder global, presionando para un alineamiento de la Argentina con las necesidades del gran capital y sostener el modelo productivo del agro-negocio y la potencialidad de la energía sustentada en hidrocarburos no convencionales, caso del yacimiento Vaca Muerta. El pago de la deuda se incluye entre estas demandas del poder.
Necesidad de transitar otro camino
Estos últimos aspectos del modelo productivo y de desarrollo interesan porque son la fuente de ingresos de divisas, necesarios de acumular en la lógica del poder para la cancelación de la deuda. El interrogante de muchos es si se puede salir del condicionante de la deuda, lo que supondría acelerar los pasos de una investigación vía auditoría integral de la misma, con participación popular, no solo sobre montos y vencimientos, sino sobre responsables y beneficiarios de cada una de las operaciones realizadas. Claro que mientras se investiga, los pagos deben suspenderse, algo que ahora aparece sujeto a la renegociación.
La importancia de suspender pagos apunta a la liberación de fondos para aplicar a modificar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo, con otras consideraciones sobre el qué hacer en materia de producción, con quienes hacerlo y cómo encararlo. No solo relativo a la producción, sino a la distribución del producto social del trabajo. Es cierto que ello requiere de profundos cambios, que el poder económico resistirá, pero que son imprescindibles para discutir la potencialidad de superación de una situación que se define por la fragilidad de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
Ello supone colocar las prioridades por delante, en un sentido estratégico que define la opción de la deuda o la satisfacción de derechos conculcados. Cada vez que se paga la deuda se restan recursos aplicables a otros destinos, no solo para atender necesidades insatisfechas, sino para estimular nuevas formas de organización de la actividad económica, más pensadas para resolver problemas socio económicos de la cotidianeidad que la lógica de la acumulación de las ganancias que explica el orden capitalista.
Un nuevo gobierno asumió en la Argentina, con enormes perspectivas de abandonar el camino que define la ideología de las políticas neoliberales. El interrogante es si se puede ir a contramano del neoliberalismo, concepción hegemónica del capitalismo contemporáneo, sin afectar al propio régimen del capital. Mientras resolvemos la incógnita, las iniciativas confrontadas de los intereses en pugna en el país pueden ir resolviendo en el camino quien prevalece sobre quién. En definitiva, es la política en acción, en pugna, en lucha de clases, la que terminará definiendo el rumbo de la nueva gestión de gobierno en la Argentina.
