El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió este lunes en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una referente en la lucha ambientalista, al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
“Roberto David Castillo ha tenido participación en la presente causa como coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres”, dijo una juez al leer la sentencia en audiencia oral pública. El tribunal convocó para el 3 de agosto la audiencia que definirá los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y ex militar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.
Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos, comprobado con las evidencias aportadas por la fiscalía.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por encargo de DESA al oponerse con manifestaciones a la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.
El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
La condena significa que «las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado David Castillo, no logró sus objetivos», indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
La causa Berta Cáceres «no termina» con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina «firmemente» a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja. La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en «su ilegal y corrupta concesión». Exigen, además, el desmantelamiento de «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
El Ministerio Público de Honduras tildó de «histórico» el fallo de culpabilidad contra Castillo, quien según las pruebas presentadas en el juicio «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca». Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras celebraron el veredicto contra Roberto David Castillo bailando frente a la Corte Suprema de Justicia, donde instaron además un altar con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor).
