El Concejo Deliberante de Santa Rosa sancionó por mayoría la creación de un registro de usuarios y usuarias. Solo el tiernismo votó en contra mientras que la UCR y el macrismo apoyaron la moción.
El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por amplia mayoría la ordenanza que establece la creación de un régimen municipal de registro, asistencia y acompañamiento de personas usuarias de cannabis. Además, la ordenanza contempla la creación de un Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal.
La iniciativa, propuesta por el Frente Justicialista Pampeano, recogió el aval de otras fuerzas políticas, la UCR y el macrismo, aunque la concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, votó negativamente.
Siguieron la sesión representantes de grupos de usuarios y usuarias del cannabis medicinal, que recibieron con alegría, aplausos y emoción la nueva herramienta que los protegerá a partir de ahora.
“Se brinda alivio y tranquilidad a una gran parte de la sociedad que no era contenida”, dijo el concejal del FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega, impulsor de la propuesta.
Se le otorgan al Departamento Ejecutivo facultades para realizar convenios con diferentes organizaciones e instituciones del ámbito público y privado, permitiéndole avanzar con la producción por parte del municipio.
El concejal oficialista destacó lo sucedido como “una demanda social que decidimos responder desde nuestro espacio político; de esta manera podemos acercarle a las personas usuarias de cannabis medicinal una herramienta, que es un primer paso en esta lucha”.
Afirmó que se logra “la visibilización y contención de quienes hoy padecen en soledad y en la clandestinidad diversas patologías y dolencias que pueden aliviar con el uso de los derivados de la planta de cannabis”.
El proyecto tuvo un amplio debate en comisión y se pudieron escuchar también las voces de profesionales expertos en la temática.
El edil expresó que consideran el proyecto como “el punto de partida en materia de políticas públicas para atender desde el Municipio la demanda creciente de los usuarios de cannabis medicinal, brindando acompañamiento y visibilizando esta problemática que hasta el momento no había sido abordada desde el Estado”.
“Agradecemos el acompañamiento de los bloques que votaron en forma positiva a la iniciativa y a toda la comunidad santarroseña, esta iniciativa traerá un poco de alivio y tranquilidad a una gran parte de nuestra sociedad que no estaba siendo contenida”, finalizó el concejal del FreJuPa.
“Una vergüenza menos”
El concejal radical Gustavo Estavilla dijo que «deben sentirse orgullosos concejalas y concejalas por haber dado los primeros pasos en tratar de ayudar a aquellas personas que consumen aceite con fines medicinales y que ven mejorada su calidad de vida».
«Es la conquista de una libertad más y de una vergüenza menos que tenemos como sociedad», planteó durante su intervención en el Concejo, apelando a una cita vinculada con la reforma universitaria de 1918.
«No podíamos hacer otra cosa que acompañar esta ordenanza», agregó. Acusó al tiernismo porque votó “desde el desconocimiento”.
“Hay personas que todavía no entienden la importancia de que se legisle sobre esos temas. Pero tenemos que rescatar lo importante y es que hubo concejales y concejalas que estuvimos a la altura de la circunstancia y pudimos debatir y aprobar lo de hoy‘» aseveró Estavilla.
La concejala tiernista leyó los argumentos en contra
La concejala tiernista Fabiana Castañiera se opuso a la iniciativa. «Pareciera con esta ordenanza que lo que hacemos es atar con alambre las ineficiencias del Estado, y se busca usarla como trampolín para, en su discurso, convertir una actividad ilegal en legal, y en la aparente validez de esta ordenanza”.
“Debemos brindarle al ciudadano seguridad jurídica, y hoy por hoy, cultivar marihuana en nuestro país es una actividad penada y una ordenanza municipal no puede eludir una ley nacional, lejos de darle seguridad jurídica a la ciudadanía, lo que hacemos es mentirle, haciéndoles creer que están protegidas por una norma, y nada más lejos de ello», consideró.
En lugar de aprobar el registro, propuso adherir a la Ley Nacional Nº 27350 (de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados) que aún no se ha implemetado.
Señaló que «en la Argentina, se encuentra penado el cultivo de cannabis por la Ley Nº 23737, y este municipio pretende alterar esta norma nacional creando un registro de cultivadores, engañando de alguna forma a las personas, y haciéndoles creer que van a dejar de estar encuadradas en una conducta ilegal, lo cual va a llevar a confundir a la ciudadanía que creyendo que si se inscriben en el registro quedan exentas de cualquier situación del orden penal».
«Como municipio no estamos facultados para cambiar una ley nacional de fondo, pero sí les propuse a mis pares que tienen representación en el Congreso de la Nación, órgano competente para modificar esta ley, que se lo planteen a su sector político. Fue también la Corte Suprema, en el fallo Arriola, en la parte resolutiva, quien invitó al Congreso de la Nación a que revise y modifique esta ley nacional en el año 2009», sostuvo.
«Luego de 11 años del fallo y de distintos gobiernos que han pasado, ninguno ha tomado la iniciativa de realizar las modificaciones necesarias, teniendo en cuenta los avances sociales que se vienen produciendo, y que se deje de discriminar negativamente a los que necesitan el cannabis medicinal para apaliar dolores físicos», reprochó.
«Se ha inclumplido sistemáticamente con lo que marca la ley Nº 27350 sobre garantizar por parte del estado el acceso al cannabis medicinal, porque repito, es el estado quien debe ser el proveedor de esta medicina», reiteró
