Declaración política fundacional del Encuentro Memoria Verdad y Justicia La Pampa
Desde el comienzo de la cuarentena se han multiplicado los casos de gatillo fácil en todo el país, llegando a la cifra de 102 y teniendo el Caso de Facundo Astudillo Castro como el más reciente. También así los hechos de torturas y apremios en innumerables comisarías de la provincia de La Pampa y en todo el país. La pandemia ha sido la excusa para profundizar la represión sobre la juventud y sobre los trabajadores que salen a luchar en defensa de las fuentes laborales y del salario.
Estas políticas represivas no son casuales, es la respuesta de los diferentes gobiernos nacionales y provinciales a la crisis mundial, como hemos visto en el Líbano, EEUU o Colombia, por nombrar solo algunos ejemplos, donde frente a este avance crece también el rechazo al accionar policial y militar manifestado en importantes movilizaciones.
En nuestro país claramente a la cabeza de esta política se encuentra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien en sus últimas y repudiables declaraciones, decidió atacar a los organismos de Derechos Humanos, quienes representamos un estorbo para que su política represiva avance.
A este reforzamiento del aparato represivo responde el Mega Plan anunciado por Alberto Fernández y Axel Kiciloff de incrementar en más de 30.000 millones de pesos el presupuesto destinado a la policía bonaerense, y los aumentos salariales a las fuerzas federales anunciados junto a la ministra de seguridad Sabina Frederic.
Todo esto sucede en el marco del acuerdo colonial que significó el canje de deuda con los bonistas en medio de la pandemia, que destina y prevé destinar millones de dólares al pago de la deuda, mientras el sistema de salud se cae a pedazos, la crisis de vivienda dispara las tomas de terrenos y el desempleo y la pobreza crecen de forma implacable. El acuerdo que se teje con el Fondo Monetario Internacional que prevé “reformas estructurales” para reducir el déficit fiscal, va en la misma línea. Todo el arco político patronal, desde Cambiemos hasta el Frente de Todos, festejaron esta política entreguista.
La constante persecución y represión que sufren los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestro país también es parte de esta política. Que busca sacar ganancias en base a la apropiación de sus tierras para continuar avanzando con negocios capitalistas de todo tipo. Los casos más renombrados como los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos de la gendarmería nacional y prefectura respectivamente son solo algunos ejemplos de la sistemática represión a los pueblos originarios. El hostigamiento, abusos sexuales (chineo) en el norte del país al pueblo Wichi y las muertes de los hermanos Qom son las consecuencias de esta política criminal.
Las repudiables acciones de un sector de la policía bonaerense y de sus cúpulas enmascarado en un reclamo salarial, esconden la disputa y la extorsión por el manejo de presupuesto, así como la búsqueda de impunidad ante el caso de Facundo y tantos otros al exigir que no se realicen sumarios a agentes de las fuerzas represivas. Impunidad que vienen intentando mantener por ejemplo con la investigación de la segunda desaparición de Julio López, hace ya 14 años, donde las abogadas de la querella exigieron que se investigara a la bonaerense pero el Estado una vez más fue garante de la impunidad. La acción mafiosa y antidemocrática de la policía es una clara expresión del envalentonamiento de las fuerzas represivas, con Sergio Berni como principal promotor. Frente a las exigencias de la bonaerense, que rodeó armada la residencia de Olivos, el gobierno claudicó, por el peso de su propia política.
En La Pampa son casi 30 las denuncias por apremios ilegales y torturas desde que arrancó la cuarentena, tanto en la ciudad de Santa Rosa como en pueblos del interior de nuestra provincia. La denuncia del joven de Gral. Pico que fue baleado cuando salió a comprar pan, fue el primero de diversos casos de abusos policiales que van desde apremios ilegales, salvajes golpizas, latigazos con cinturones y picanazos. Uno de los casos más graves sucedió en General Acha, donde un joven de 27 años estuvo dos meses internado y continúa con secuelas luego de haberse tirado de cabeza desde la cucheta de su celda ante el miedo de que los policías repitieran las torturas que le perpetuaron la noche anterior, cuando lo obligaron a desnudarse en el patio y lo golpearon y patearon mientras seguía esposado, le dieron baldazos de agua helada y lo amenazaban con ahorcarlo y colgarlo en su celda.
Aun así, frente a estos gravísimos hechos, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusan, declaró la “inexistencia de casos de violencia institucional” en la provincia. No solo eso, sino que va más allá y declara que no existe “una línea de acción tendiente a violar los derechos humanos de los vecinos”, a pesar del notable aumento de estas denuncias a partir del comienzo de la cuarentena.
Mientras el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos desconocía la violencia institucional, el Jefe de Policía, Héctor Lara, hacía llegar un mensaje tranquilizador sus súbditos cuando, dirigiéndose a sus policías en el acto por el 134° aniversario de la policía pampeana, declaraba al lado del Ministro de Seguridad que “los defenderemos (a los policías) hasta el límite de lo legal”, días después de que tomaran notoriedad todos estos casos. Repudiamos estas declaraciones y advertimos que anticipan una política de impunidad.
Ante esto, los organismos de DDHH y organizaciones sociales y políticas ligadas al gobierno, han abandonado la lucha en la calle, método histórico de las organizaciones de Derechos Humanos, y callan frente a estos atropellos. En La Pampa solo se limitaron a emitir algunos comunicados ante la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro, negándose a marcar la responsabilidad política de Kicillof y Fernández, en algunos casos atreviéndose a nombrar a Sergio Berni solo después de la confirmación de que el cuerpo hallado era el de Facundo, cuando desde el día uno todo apuntaba a la bonaerense mientras Berni lo negaba y encubría a esta fuerza. Esta lamentable realidad es producto de la cooptación e integración de las organizaciones populares al gobierno del Frente de Todos, situación que condiciona cualquier lucha consecuente en defensa de las libertades y los derechos humanos. Estas organizaciones intentan ocultar su capitulación reclamando una “Ley de seguridad ciudadana” con “perspectiva de género y de derechos humanos”. Nosotrxs somos claros en esto: ninguna ley puede modificar el carácter de las fuerzas represivas del Estado. Por ello es imprescindible la organización independiente y autónoma de los gobiernos y de los intereses sociales que ellos defienden.
La conformación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en La Pampa responde a esta necesidad de organizar un espacio de lucha contra la represión y por los derechos humanos, independientemente del color político que gobierne. Por un organismo de DDHH independiente del Estado.
Nos proponemos tomar en nuestras manos los mismos principios, consignas y luchas que reivindica la coordinadora argentina Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, conformada en el año 1996, que nuclea a más de 300 organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales, sindicales y políticas. Convocamos a todas las organizaciones y activistas a que se sumen a dar estas peleas desde un espacio de organización común como el EMVyJ La Pampa.
Justicia por Facundo Castro y por todas las víctimas de violencia estatal.
Basta de ajuste y represión. Fuera Berni!
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia La Pampa.
