Increíblemente, organizaciones sindicales cerraron la posibilidad que los trabajadores realicen medidas de fuerza por reclamos de cualquier tipo. Un Acta Compromiso firmada por el Sindicato de Petroleros, UOCRA y el gobierno de Neuquén, impide la libertad sindical y el ejercicio de derechos constitucionales a los trabajadores.
El único sindicato que se negó a firmar semejante acuerdo fue el de Camioneros.
Su secretario general anticipó que adherirán a las medidas que disponga la conducción nacional y ellos mismos ejercerán el derecho constitucional de huelga. Carlos Roja Secretario General de Camioneros dijo que el sindicato “no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores”.
Carlos Quintriqueo, Secretario General de CTA A, envió una nota al gobernador
donde dice que “Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional, conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilando nuestros recursos”.
El acuerdo establece que ningún conflicto puede afectar la extracción de los recursos explotados. Las Cámaras Empresarias y los sindicatos de la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta festejaron el acuerdo junto al gobernador Omar Gutiérrez.
Los empresarios están nucleados en la empresa de servicios Halliburton y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que son los que más festejaron.
Guillermo Pereyra, (Petroleros), Víctor Cárcar, (UOCRA) y Manuel Arévalo, (Jerárquicos) fueron los tres dirigentes sindicales que entregaron derechos fundamentales de sus representados. Incluso promovieron una movilización para festejar y apoyar el acontecimiento.
Al firmar el Acta los sindicatos se comprometen a no realizar ni convocar a medidas de fuerza ya sea provincial ni nacional en las áreas de explotación de recursos no convencionales. En este caso y por ahora solo en Vaca Muerta. Como último recurso los sindicatos deberán apelar a una Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos. Esa será la instancia de apelación, pero no podrán realizarse medidas de fuerza.
Por su parte la CTA A manifestó “preocupación” ante la iniciativa y reclamó que “desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores”.
