Profesionales que desde hace años aportan su experiencia y dedicación para la respuesta sostenida a estas pandemias. Éstos se suman a 1400 despidos que implica el desguace del Ministerio de Salud y de la Salud Pública en consecuencia.
En un contexto donde los diagnósticos de VIH y Tuberculosis no dejan de aumentar y las Hepatitis virales continúan siendo prevalentes, el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal.
Estas reparticiones no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país; de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención.
Los despidos masivos dejan sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades.
La responsabilidad, por disposición de la ley 27.675, de garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población es del Gobierno Nacional. La pretendida delegación de este rol a las provincias atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad.
Las compras descentralizadas de medicamentos e insumos producirán un mayor déficit fiscal.
La salud pública no puede ser desmantelada ni desfinanciada, ya que esto pone en peligro la vida de miles y miles de personas y aumenta la propagación de enfermedades. Estamos asistiendo a la planificación de un genocidio.
La salud y la vida de las personas que tenemos VIH, Hepatitis y Tuberculosis está en riesgo a causa del desfinanciamiento y el desmantelamiento de la Salud Pública del gobierno de Milei.
La responsabilidad es del Estado Nacional.
