Se presentó junto a sus padres con una hemorragia posparto y un feto muerto, pero no recibió atención. Un ginecólogo la denunció, quedó detenida y la Fiscalía la imputó por homicidio doloso calificado por el vínculo.
El viernes 8 de febrero una mujer se presentó al Hospital Cullen de Santa Fe junto a sus padres con hemorragia posparto y un feto muerto, según declaró el director del nosocomio, el doctor Poletti. Ante esta situación, el ginecólogo José Sil de la controvertida institución de la salud la denunció y ahora está acusada de homicidio doloso agravado por el vínculo.
Al llegar, la joven fue sometida a un interrogatorio por los médicos. Como no los convencieron las respuestas de la chica de 27 años, que estaba en pleno posparto. Rápidamente, el médico José Sil la denunció en la comisaría 4° del barrio Roma de esa ciudad. Con la misma rapidez, el fiscal Rodrigo Iglesias derivó “el caso” a los fiscales Marcelo Nessier y Rosana Marcolín, por un tema de jurisdicción. El lunes, apenas tuvo el alta médica, R. quedó detenida. Tiene un hijo de cuatro años que vive con ella.
La acusaron de “homicidio agravado por el vínculo” y le negaron la prisión domiciliaria porque la Fiscalía considera que “puede entorpecer la investigación” y “existe peligro de fuga”, debido a la alta pena en expectativa, la máxima del Código Penal. En su cruzada disciplinadora, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no se conformaron con eso: alientan con sus informaciones el linchamiento mediático que la joven está sufriendo, con grupos antiderechos que hacen circular su foto.
La joven, lejos de conseguir la intervención médica que su cuadro ameritaba, terminó detenida, rodeada de policías y de agentes del Ministerio Público de la Acusación. También, estigmatizada públicamente como asesina, ya que uno de los fiscales intervinientes en esta causa, Marcelo Nessier, habló en los medios prejuzgándola y omitiendo pruebas para esclarecer el caso, como ser su contexto social y situación familiar.
Ayer se realizó la audiencia imputativa en la cual el juez Jorge Patrizzi le negó el derecho de prisión domiciliaria, argumentando que no está acreditado que su otro hijo de 4 años necesite de ella.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Santa Fe manifestaron su repudio y exigieron el cese de la criminalización. También se sumó al rechazo la referente de Pan y Rosas – FIT Irene Gamboa, quien no sólo pidió que termine judicialización hacía las mujeres, sino que responsabilizó a los gobiernos de Corral y Lifschitz por la integridad física de la joven y reafirmó la necesidad del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
