Por Nicolás Romero para Página 12
Diez años después, la ley de Salud Mental sigue sin implementarse.
Al inicio de 2020, los hospitales psiquiátricos debían ser sustituidos por hospitales generales. Las disputas en torno del poder médico y los intereses en juego que impiden los cambios.
A casi diez años de la sanción de la ley de Salud Mental y a meses del 2020, fecha fijada como meta para la sustitución de los hospitales psiquiátricos por hospitales generales, la normativa continúa siendo un territorio en disputa y una deuda social más. Por un lado, la ley que reconoce a todas las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho, pone límites a las internaciones y busca una atención con soporte en la comunidad, permanece en estado larval: la falta de voluntad política ha impedido su implementación al no generarse los dispositivos intermedios necesarios para la externación de los pacientes de los denominados hospitales monovalentes. Por otro, porque al interior de los profesionales habilitados para intervenir en el campo de la salud mental se da un enfrentamiento de vieja data: un sector del poder médico-psiquiátrico, con fuertes interese corporativos (clínicas privadas e industria farmacéutica, basadas en una visión positivista y medicalizadora) se resiste y obstaculiza la puesta en marcha de la norma, además de oponerse a quedar en un pie de igualdad con el resto de los profesionales para el abordaje terapéutico de los pacientes que requieren de la interdisciplinariedad para la atención integral. Con este mar de fondo y en un contexto de abandono del sistema sanitario estatal, el riesgo es que las instituciones públicas terminen expulsando a los pacientes, se canalicen las internaciones en el tercer sector y se termine acotando la prestación en el sistema público en lugar de extenderlo.
En abril pasado, la resolución 715/2019 de la Secretaria de Gobierno de Salud para operativizar la ley (sancionada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013), volvió a poner el tema en discusión. Bajo el título «Pautas para la organización y funcionamiento de dispositivos de salud mental», la citada resolución hace «recomendaciones y sugerencias para ser adheridas y analizadas por las jurisdicciones en pos de la generación de políticas públicas…» para dar cumplimiento, entre otros, al artículo 27 de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), que prohíbe crear «nuevos neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados», y que fija que los existentes (hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Alvear, etc) deben adaptarse hasta la sustitución definitiva por los dispositivos alternativos (casas de medio camino, centros de capacitación sociolaboral, viviendas comunitarias, guardias interdisciplinarias, camas de internación en hospitales generales, atención domiciliaria).
Sin embargo, las recomendaciones son sólo eso: sugerencias sin carácter obligatorio. Medidas a ser analizadas por cada jurisdicción, que puede o no adherir a ellas, en un contexto en el que se han desmantelado equipos territoriales de salud y se ha hecho poco para generar la red de dispositivos intermedios que permitan uno de los objetivos de la ley: la desmanicomialización. Porque hay otros, como señaló a este diario Ángel Barraco, integrante del Movimiento en Defensa de la Ley de Salud Mental.
«Además de cambiar el paradigma hospitalocéntrico por un modelo de abordaje ambulatorio y comunitario, se trata de diseñar políticas que permitan un sistema integral de atención para quienes sufren padecimientos mentales», explicó Barraco, quien al mismo tiempo advirtió que «no se avanzó nada con los dispositivos, que son los que el Gobierno está obligado a implementar».
En este sentido, recordó que «a pesar de la ofensiva de ciertos sectores contra la ley, hay un fallo de la justicia federal, ratificado por la Cámara, que obliga al Estado nacional y a la Ciudad de Buenos Aires a la operativización inmediata de la ley».
La Asociación Gremial de Psiquiatras (AGP), filial de la Federación Médica de la Capital Federal, rechazó «las Pautas», del mismo modo que lo hicieron otras organizaciones médicas, e hicieron una defensa cerrada de los monovalentes que, según sostuvieron, «son irremplazables en el Sistema Público de Salud Mental, especialmente para la población de menos recursos…». Además, advirtieron que la resolución desconoce las formaciones y responsabilidades de las distintas especialidades médicas y diluye las incumbencias de los psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios. Por lo que se oponen a la «demonización» de los psiquiatras y «los efectores especializados de internación».
En este sentido, Barraco remarcó que «lo que no se hizo, de ninguna manera puede ser una justificación para avanzar contra la ley, como sucede con quienes buscan restaurar la hegemonía de la psiquiatría y su visión medicalizadora, que pasó de la cadena al chaleco de tela y ahora al chaleco químico, cuando avanzamos con la concepción de salud mental y la psiquiatría es una disciplina más dentro del arco; que tiene la fortaleza de la industria más poderosa (la farmacéutica), y el negocio de la internación privada con una visión mercantilizada de la salud. Por supuesto que esto no incluye a todos los psiquiatras. Muchos acompañan la ley».
Desde los Centros de Salud Mental, muchos de sus trabajadores señalaron, de forma anónima porque temen represalias del Gobierno, que el incumplimiento de la ley es casi total en un contexto de desguace del sistema sanitario, en el que se jubilan profesionales y no se reponen vacantes ni se concursan cargos, cuando hay una mayor demanda de atención por la crisis social que repercute en la subjetividad e impacta en la salud mental de la población.
«No hay vacantes y se deriva a las obras sociales. Hay mucha lista de espera por la demanda. No podés atenderte en el sistema de salud pública, en contra del derecho que tiene cualquier ciudadano. La desatención y el abandono son sistemáticos», contaron los trabajadores, quienes resaltaron que hay una agudización de la psiquiatrización de la salud mental que termina derivando al tercer sector lo que venía asistiendo el sistema público, y apostando a que las disciplinas no médicas terminen teniendo sólo una participación asistencial del psiquiatra.
El presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, el argentino Alberto Trímboli, quien el mes pasado participó en Ginebra de la Asamblea General de la OMS, sostuvo que quienes se oponen a la resolución son «los mismos sectores que en el año 2017 apoyaron el descabellado intento de cambio de la ley de Salud Mental por medio de un decreto, y que significó la remoción del anterior director de Salud Mental». Sin embargo, remarcó que «no son todos los psiquiatras, son una minoría, hay integrantes de otras profesiones que están en contra de su implementación. Los intereses económicos o corporativos van más allá de una profesión». Y detalló que «la reforma está avanzando en forma muy dispar en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. En algunas provincias el avance es más rápido que en otras, en algunas, directamente no hay ningún plan de poner en marcha, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo lo que la ley ordena. Esto último se da como consecuencia de que, en muchas jurisdicciones, los representantes de esos intereses son los encargados de dirigir y ejecutar las políticas públicas de salud y salud mental».
Para Trímboli, la resolución «está en total consonancia con lo que marca la ley con respecto a la implementación de los dispositivos con base en la comunidad, de los que, claramente, los hospitales monovalentes con internación en salud mental no son parte. La ley ordena que los abordajes deben realizarse en dispositivos con base en la comunidad, es decir, cerca de los lugares donde viven las personas, en hospitales de día, casas de medio camino, dispositivos socioproductivos y sociolaborales, en forma interdisciplinaria e intersectorial, con perspectiva de derechos, y fundamentalmente, cuando es necesario, con internaciones breves en hospitales generales. Lo que me llama la atención es que en ninguno de los comunicados que circularon se mencione al hospital general. El hospital general (ver aparte) es un símbolo de la inclusión sanitaria», remarcó.
Y agregó: «¿Por qué deberíamos excluir a las personas con padecimiento mental de los hospitales generales? ¿Por qué no tendrían el mismo derecho a la salud que el resto? ¿Qué es lo que no pueden o no saben hacer los profesionales de los hospitales generales, según esos sectores que se oponen a la implementación de la ley? Lo que sucede es que no quieren nombrar a los hospitales generales, porque si todos los hospitales generales incorporaran camas de internación de salud mental, el hospital monovalente con internación no tendría razón de existir».
