Mi nombre es Ana Zabaloy y fui durante seis años directora de la escuela número 11 de San Antonio de Areco. Ese período sufrimos junto a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2,4-D, y me volví a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respiratoria. Somos muchas las docentes rurales que padecemos esta misma realidad, las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud. Nadie nos los contó, no lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos, como una cotidianidad inevitable. Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud , así como si la Constitución Nacional y los derechos del niño ni la mismísima ley de educación nacional no fueron aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias , todos rociados con venenos por aire y tierra.
Sin posibilidad de reclamar porque esto significaría pagar el precio de quedar sin casa y sin trabajo en el mismo instante de abrir la boca. Las docentes rurales somos testigos de esa impotencia y de toda la impunidad de los que producen a costa de nuestra salud, de la salud de todos.
Muchos de los docentes afectados de la provincia de Buenos Aires nos hemos reunido en lo que denominamos red de docentes por la vida para apoyarnos solidariamente, hacernos escuchar y para que cada una de nosotras no está sola a pesar de todo. La mayoría de las veces estamos solas en nuestros pueblos, enfrentando la indiferencia, la falta de compromiso de los que deberían cuidarnos.Complicidades del poder político y hasta amenazas.
La realidad es que en esta lucha hay unos grandes ausentes: en primer lugar las autoridades de la dirección general de escuelas, a las que parece no importarles que tantos niños en nuestro país junto a sus docentes sean fumigados como insectos durante las horas de clases, afectando claramente sus derechos a desarrollarse y a educarse en un ambiente sano, lejos de cualquier agresión física. También las inspectoras, es necesario que ellas hagan algo más que elevar notas formales que nunca tiene respuesta, es su deber defender los derechos de las escuelas rurales y de su población escolar con la ley nacional de educación en la mano porque todo está ahí, queridas señoras, y por otra parte a los gremios que agrupan al personal docente y no docente de la provincia de Buenos Aires, les decimos que es necesario que nos acompañen en esta lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación expuestos constantemente a riesgos de salud por el solo hecho de concurrir a nuestro lugar de trabajo diariamente, además de la imposibilidad de proteger en estas circunstancias la seguridad e integridad de nuestros alumnos, con todo lo que ello implica.
Faltan los comunicados oficiales a nivel provincial y nacional de las autoridades gremiales haciéndose eco de esta problemática que se ha transformado a lo largo de tantos años de impunidad en un genocidio silencioso, a veces es difícil no sentir que los niños y docentes y pobladores de escuelas y poblados rurales no formamos parte de lo que tan poéticamente describe Eduardo Galeano en su poema Los Nadies. En nombre de nuestros niños, de sus familias y de nosotros mismos, una vez más exigimos: paren de fumigar las escuelas y poblados rurales. Paren de enfermarnos. Paren de matarnos.
