Este 18 de setiembre, la ñandesy (rezadora) Sebastiana Gauto y el ñanderu (rezador) Rufino Velazquez fueron quemados vivos en el interior de su casa en el tekojá Guassuty, en el municipio de Aral Moreira, estado de Mato Grosso do Sul. Guassuty es una Tierra Indígena (TI) del pueblo Guaraní Kaiowá reconocida por el Estado desde 1992. Los rezadores y rezadoras, guardianes de los modos de ser, guías espirituales de los pueblos Guaraní Kaiowá, están siendo frecuentemente amenazados y asesinados, principalmente como resultado de la presión del agronegocio y sus cómplices sobre las tierras indígenas. Partícipes de los nuevos frentes de colonización, instauradas por la actual corrida neoextractivista que busca atender las demandas crecientes del mercado de commodities, las iglesias pentecostales también cumplen papel fundamental como productoras de regímenes de contrainsurgencia, debilitando relaciones comunitarias y fomentando la persecución a los líderes religiosos tradicionales.
Las amenazas contra la pareja anciana de rezadores -Sebastiana tenía 92 años-, según el antropólogo Guaraní Kaiowá Tonico Benites, entrevistado para esta nota, son resultantes de acusaciones de hechicería: “Esto caracteriza intolerancia religiosa, en parte. Como ella es una líder espiritual-religiosa, siempre reza de forma tradicional, tiene objetos tradicionales del pueblo, como el xirú: una vara sagrada, un altar sagrado. Es el instrumento religioso usado por la pareja de rezadores. Y ellos han promovido rezas y rituales religiosos a la noche. Hay un templo pentecostal en las proximidades”.
La actuación de las iglesias pentecostales, en especial, la iglesia Deus é Amor (Dios es Amor), en territorio Guaraní y Kaiowá, han sido denunciadas aparecen en un informe organizado por la Kuñangué Aty Guasú (gran asamblea de las mujeres Guarani y Kaiowá) y por el Observatorio de la Kuñangué Aty Guasú (OKA) en 2021, titulado “Intolerancia religiosa, racismo religioso y casas de reza Guaraní y Kaiowá quemadas”[2]. El informe afirma la “existencia de articuladores externos -en general, pastores/dirigentes/misionarios no indígenas- que promueven las prácticas de violencia aquí descriptas y estimulan el reclutamiento de habitantes de las aldeas como método de tercerización de las violaciones [de derechos humanos]”, siendo la iglesia un “factor de ruptura de vínculos y causador de divisionismo en las aldeas”. El informe apunta que 12 ogápsysy -casas de reza- fueron incendiadas por acción de miembros de las iglesias pentecostales entre 2019 y 2022. En el Mapa de la Violencia producido por la asamblea de las mujeres, fueron registrados “21 casos de palizas, torturas, violencias psicológicas y persecución de mujeres rezadoras, nhandesy, que practican el cuidado tradicional. Ellas fueron juzgadas en público, sus casas fueron quemadas, fueron expulsadas de la comunidad, humilladas, condenadas como ‘brujas’ y ‘hechiceras’”. En la casa quemada del rezador y de la rezadora de Guassuty, también fueron carbonizados, junto con sus cuerpos, sus instrumentos sagrados, objetos cuidadosamente guardados en sus casas de techo de paja, donde realizan sus rezas.
El mismo informe apunta los vínculos existentes entre estas iglesias y el arrendamiento de tierras indígenas para sembrar soja. En Guassuty, hay un grave problema vinculado a las “parcerías” agrícolas entre indígenas y no indígenas -arrendamientos-, que ocupan la cantidad relevante de 958 hectáreas de la TI con el monocultivo de soja transgénica. Tonico Benites, que también es Coordinador Regional de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Ponta Porã, también nos apunta que Sebastiana y Rufino estaban contra las prácticas de arrendamiento, Sebastiana estaba “contra la plantación por terceros en aquella tierra indígena. Ella también denunciaba. No aceptaba, discordaba de esa práctica del no indígena plantar asociado con otros líderes [indígenas] involucrados. Entonces son líderes religiosos, portadores de conocimiento del pueblo, líderes espirituales, líderes religiosos que defienden la tradición del pueblo: la lengua, la cultura, las reglas… son portadores de esas reglas. Por eso la posición de ella no es sólo de ella: es una posición de todos los líderes espirituales y religiosos que son los rezadores y rezadoras. Por eso las mujeres sufren amenaza de muerte. Las mujeres se organizan para oponerse de forma reiterada al arrendamiento, contra el arrendamiento de tierra indígena por los karaí, los no indígenas, que dicen que trabajan en “parcería”. Ella ha denunciado mucho”.
La misma red de rezadoras, más que una organización formal, se estructura por medio de sus propias prácticas tradicionales, lo que refuerza el carácter de barrera espiritual y material contra el saqueo de los cuerpos-territorios para integrarlos al sistema de acumulación capitalista. El día 15 de diciembre de 2022, la ñandesy Estela Vera Guarani, de 67 años, fue asesinada por hombres encapuchados en la recuperación de Yvy Katu, cerca de la Reserva Indígena de Porto Lindo, entre los municipios de Iguatemi y Japorã. Así como Sebastiana y Rufino, Estela luchaba contra el arrendamiento. Yvy Katu es una de las 33 tierras indígenas, reservas y recuperaciones Guaraní y Kaiowá que están atravesadas en el camino del megaproyecto Nova Ferroeste, que conectará Maracaju (Mato Grosso do Sul) al puerto de Paranaguá (en el estado de Paraná) para la exportación de commodities[3]. El asesinato se da en medio del avance de los arrendamientos de tierra para la siembra de soja y -así como en el caso de Guassuty- se opone a otros líderes, principalmente mujeres, con participación activa del poder público, incluyendo el propio intendente de Japorã. En el caso de Guassuty, en mayo de 2022, fueron entregadas 274 toneladas de calcáreo por la Agencia de Desarrollo Agrario y Extensión Rural (AGRAER) a través del Programa de Apoyo a las Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul (PROACIN), supuestamente para corrección del suelo y “aumento de la productividad y el fortalecimiento de la agricultura familiar”[4]. El PROACIN también realiza distribución de semillas, inclusive de maíz transgénico tipo AL Bandeirantes, además de maquinaria agrícola.
Destacamos la relación del acontecimiento con el tráfico de drogas en el interior de la comunidad, práctica también combatida por los líderes tradicionales, como nos informa un interlocutor que prefiere que su nombre no sea divulgado. La relación entre el tráfico y el neoextractivismo es un hecho conocido que afecta por ejemplo, tierras indígenas en Amazonía, saqueadas por la minería ilegal y legal. Sebastiana y Rufino también se posicionaban contra el tráfico y luchaban para liberar su tekojá de este conjunto de amenazas provocadas por los karaí -no indígenas- como parte de un proyecto de exterminio contra los pueblos indígenas, si no se someten a las demandas del capital.
El brutal asesinato de Sebastiana y Rufino ocurre un mes después de la ejecución de la Ialorixá (madre espiritual) y líder quilombola Madre Bernardete. Que sufría innumerables amenazas y cuyo hijo había sido asesinado en 2017. La muerte de Madre Bernardete por defender y luchar por el reconocimiento legal de su territorio, Pitanga dos Palmares (en Salvador, estado de Bahía) se conecta a la lucha por la recuperación de los territorios ancestrales indígenas. Las retomadas Guaraní y Kaiowá y la memoria de sus mártires siguen diciendo, rezando-cantando-danzando -como en el bautismo del maíz, que impide el fin del mundo- que no se curvarán, en unísono con los tambores y cantos de las giras de terreiro (rituales en los espacios sagrados de los pueblos negros). Para que el mundo no acabe, los ñanderu y las ñandesy precisan seguir vivos.
*Felipe Mattos es antropólogo.
Fuente : Desinformémonos
