Selva Central sufre la criminalización de sus dirigentes asháninkas y la represión contra sus ciudadanos que rechazan al régimen de Boluarte.
La organización indígena Aidesep y su base regional ARPI de la Selva Central rechazaron la criminalización de líderes asháninkas contra los que se ha dictado orden de detención sin aparentes razones justificables.
Los hechos ocurren un contexto de represión del gobierno de Dina Boluarte contra la población de esta zona del país que exige su salida por las muertes en protestas, tres de ellas registradas en Pichanaqui.
Cabe recordar que los pueblos indígenas de la Selva Central contribuyeron a la pacificación del país y derrotaron a la subversión terrorista, por lo que el Estado tiene una enorme deuda con ellos.
Criminalización contra líderes
La alerta sobre criminalización contra líderes asháninkas de la Selva Central se emitió luego de que se conociera la orden de detención contra Ángel Pedro Valerio y Fabián Antúnez Camacho.
Ambos son reconocidos líderes indígenas y actuales presidentes de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), en la región Junín.
Ellos, junto a Fredi Gavilán Mejía, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE), han sido implicados en una investigación por la desaparición de cuatro personas durante el paro asháninka, en abril.
Dicho paro se realizó en Puerto Occopa y tuvo como objetivo exigir acciones rápidas frente al asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón, en manos de sicarios vinculados presuntamente al narcotráfico.
Aunque desde las organizaciones Aidesep y su base regional ARPI Selva Central respaldan el reclamo de justicia por los cuatro desaparecidos, rechazan las órdenes de detención contra los reconocidos dirigentes pues lo estarían criminalizando sin mediar razones.
Por ejemplo, al dirigente Ángel Pedro Valerio lo han involucrado en el caso de desaparición, pese a que cuando ocurrieron los hechos, él se encontraba presidiendo el Congreso Ordinario Asháninka, indican.
Por ello, exigen a las entidades administradoras de justicia “brindar un trato justo, de manera diligente y con apego a la legalidad y veracidad garantizando el debido proceso en el desarrollo de las investigaciones”.
Represión estatal
La criminalización injusta de estos dirigentes de la Selva Central se produce en paralelo a la represión que el gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a desplegar contra la población de esta zona del país.
Todo empezó tras una visita de la mandataria a Pichanaqui, en Junín, el 7 de setiembre, en la que aseguró cínicamente que las personas que murieron en las protestas se mataron entre sí, exculpando de toda responsabilidad a policías y militares.
Su presencia generó el rechazo de la población que se expresó con gritos de “Dina asesina”, lo que provocó que la Policía los reprima utilizando bombas lacrimógenas para dispersarlos.
El rechazo a Boluarte no es infundado. En diciembre pasado, tres ciudadanos perdieron la vida en Pichanaqui, por impactos de bala durante la jornada de protestas contra su Gobierno.
Cabe recordar que los pueblos indígenas de la Selva Central contribuyeron a la pacificación del país y derrotaron a la subversión terrorista, por lo que el Estado tiene una enorme deuda con ellos.
Lejos de saldar esta deuda, la persecución de dirigentes asháninkas y la represión contra ciudadanos de la Selva Central no hacen más que acentuar las brechas que separan al poder capitalista de la población.
