El Gobierno acata una vez más uno de los pedidos claves del plan de ajuste del Fondo. Sin previo anuncio oficial, el ministro de Economía emitió una resolución que autoriza el incremento en las tarifas de gas natural, que se suma así al ya confirmado la semana pasada en energía eléctrica y que recae sobre más de 5 millones de hogares.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) quiere más en tema tarifas, en realidad en tema ajuste. Aprieta y una vez más el Gobierno del Frente de Todos acata. El pasado sábado, sin ningún tipo de aviso ni anuncio previo, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 250/2023 (con la firma de Sergio Massa) que autoriza un incremento en las tarifas de gas natural. El aumento rondará entre el 25% y 30%, según las diferentes categorías de usuarios y se aplicará en todo el país.
Pero este aumento no es el único por estos días en tema tarifas. La semana pasada informamos desde este medio que, también por una decisión del Gobierno nacional para satisfacer un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), se viene para junio un aumento de hasta el 100% en las tarifas de energía eléctrica para más de 5 millones de hogares que desde este mes ya no tienen ningún tipo de subsidio.
En el marco de una inflación en alza, incrementos que duplicán las facturas que se venían pagando constituyen un golpe de alto impacto. Porque los salarios e ingresos de las familias trabajadoras no aumentaron en esa proporción, porque este aumento se suma a la remarcación de precios que sufren las cosas básicas que se consumen todos los días y porque el bolsillo ya no aguanta más. Ya no solo no se llega a fin de mes. No se se llega ni a mitad de mes.
Además del monto del aumento, que como ya dijimos es más que significativo, hay otro aspecto altamente peligroso en el tarifazo de la energía electrica y es que la mayoría de los afectados son hogares que deberán afrontar este nuevo gasto por no haberse anotado en el formulario RASE (Registro de Subsidios de Luz y Gas), que lanzó el Gobierno el año pasado y que fue utilizado como base para aplicar la famosa “segmentación” de tarifas.
La organización DE.U.CO (Organización de Usuarios y Consumidores) elaboró un documento en el que se informa que, en base a los datos oficiales al 31 de marzo, del universo de hogares que deberán pagar tarifa plana, solo 981.521 corresponden a los sectores de mayores ingresos, mientras que 4.404.001 corresponden a los que no se anotaron en dicho formulario.
En términos porcentuales, la cantidad de usuarios de energía eléctrica sin nada de subsidios de ahora en más es del 33 % del universo total. Así lo informó Santiago Yanotii, subsecretario de Energía, que además admitió, en declaraciones a radio Metro, que hay hogares que en junio ya pagarán el doble de las tarifas que venían pagando y que no les corresponde según sus niveles de ingresos. «Entendemos que hay más familias que tienen que estar subsidiadas, por lo menos 10% más que sería la clase media, que están arriba de la pobreza pero por debajo de las tres canastas básicas», afirmó.
¿Por qué sucede esto? Porque el Gobierno definió el ingreso compulsivo en el grupo de altos ingresos de quienes no pudieron cumplir con el trámite administrativo de completar ese formulario. Surge una pregunta, entonces: Si se reconoce que hay como mínimo un 10% de usuarios que no podrán hacer frente a los incrementos, ¿por qué les aplicará un tarifazo de todos modos? Respuesta corta: porque el FMI lo pide.
A este aumento hay que sumarle otro: el que sufrirán los hogares que pertenecen a los sectores de ingresos medios y que superarán, justo cuando las temperaturas empiezan a bajar, el tope del consumo. Así también lo reconoció Yanotti. «En la tarifa de luz, para un consumo arriba del promedio, que son 300 kw, el aumento son 3 mil pesos más impuestos, aproximadamente», dijo.
Por una salida a favor de las necesidades de las mayorías trabajadoras y populares
Es necesario repensar todo el sistema energético para poder hacer realmente que los servicios públicos vuelvan a ser un derecho y no un negocio para empresarios, que además recibien subsidios millonarios de parte del Estado. Una nacionalización integral de toda la industria energética bajo la gestión de trabajadores, profesionales y expertos, permitiría una planificación racional que contemple cuestiones básicas como por ejemplo, no destruir el medioambiente, hacer accesible los servicios desde el punto de vista de los costos, mejorar su calidad y extenderlo a zonas donde no llegan.
Sin embargo, eso no está en la agenda del Gobierno nacional, pero tampoco de la oposición de derecha de Milei o Juntos por el Cambio. Ante este panorama es necesario apostar a construir una alternativa por izquierda que cuestione la subordinación a los planes del FMI y que luche por evitar que la crisis recaiga sobre los trabajadores y las mayorías populares.
Fuente: La Izquierda Diario
