Como parte del plan de lucha aprobado en el Plenario Piquetero, la Coordinadora por el Cambio Social movilizó este lunes en Buenos Aires hacia las puertas de un grupo de grandes supermercados para denunciar el rol especulativo y de remarcado constante de precios que juegan estas empresas. En las fotos y videos se muestra la movilización frente al Supermercado Coto de Constitución, y también, como parte del plan de lucha miles de piqueteros y piqueteras comenzaron un acampe por tres días frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Comunicado de la Coordinadora por el Cambio Social
Desde la Coordinadora por el Cambio Social movilizaremos a los supermercados de todo el país. La medida se enmarca en las acciones programadas y votadas por el conjunto de la Unidad Piquetera, que como parte de este mismo plan de lucha, estará acampando en el ministerio de Desarrollo Social a partir del lunes y en continuidad hasta miércoles 15. De esta manera, la actividad en conjunto apunta a visibilizar la responsabilidad que tienen el gobierno del Frente de Todos y los grandes supermercadistas en la profundización de la crisis y la pobreza que estamos viviendo.
A un año de declarar la supuesta “guerra contra la inflación” nada se ha modificado aún. El gobierno del Frente de Todos, con el ministro Sergio Massa a la cabeza, prueba una y otra vez con las mismas recetas que no dan ningún tipo de resultado y mientras tanto los salarios de la clase trabajadora se pulverizan en tan solo unas semanas. El 2022 terminó con un 95% de inflación y en los primeros meses de este año el incremento mensual parece sostenerse cerca del 6%, por lo cual no se ve una mejora en el corto plazo.
La suba de precios está directamente relacionada con la el incremento en los niveles de pobreza e indigencia. El año pasado la Canasta Básica Alimentaria terminó con una suba superior al índice general, llegando hasta un 104% aproximadamente. Esto impacta de lleno en los bolsillos de los sectores más empobrecidos, ya que los mismos gastan la mayor parte de sus ingresos solamente en comprar alimentos.
La responsabilidad frente a esta situación es por un lado del gobierno que no puede controlar la macroeconomía debido a diversos factores, entre los que se encuentran el empecinamiento por pagar una deuda ilegal e ilegítima con el FMI que se come todos nuestros recursos y arrasa con las pocas reservas en dólares, generando cotizaciones múltiples y variaciones constantes; Además la tibieza con la que manejaron el caso Vicentin hizo que el país perdiera una enorme oportunidad de manejar recursos estratégicos como son la producción y exportación de una de las cerealeras más grandes e importantes. En un contexto de escalada mundial en los precios de los alimentos, aquella posibilidad hubiera sido clave para la Argentina.
Pero por otro lado, los grandes supermercadistas también son responsables de remarcar de forma constante, anticipándose a medidas como precios cuidados, precios justos o cualquiera de sus variantes. Las miles de estrategias que utilizan las grandes cadenas, como lo son el acopio de mercadería para venderla más cara, la remarcación de precios, o la nula oferta de los “precios cuidados” en las góndolas, convierte a ese tipo de control por parte del Estado en una medida sin ningún efecto concreto.
“Con la inflación remarcamos todos los días” dijo el año pasado Federico Braun, dueño de La Anónima, cadena de supermercados líder en toda la Patagonia. Dicha afirmación hecha tan a la ligera demuestra la impunidad con la que se manejan el conjunto de estas cadenas. En el primer trimestre del 2022, La Anónima había registrado márgenes de rentabilidad cercanos al 250% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Estos mismos sectores que negocian con el alimento del pueblo, son los mismos que se resistieron a pagar el “aporte” solidario de las grandes fortunas en medio de la pandemia; son también quienes insisten en pagar menos impuestos, liberar los precios y bajar los costos laborales; y quienes durante la crisis del Covid se enriquecieron gracias a los subsidios del Estado.
Por todos estos motivos, reclamamos que el Estado debe implementar ya la Ley de Abastecimiento, que permitiría por un plazo de 180 días intervenir las firmas, obligarlas a producir una cantidad determinada de productos, fijar precios y establecer márgenes de ganancias. Es decir que, además de fijar precios con un resultado real, habilitaría a que el gobierno tengan mayor información de cuáles son las ganancias reales de los grandes supermercadistas en un contexto de crisis.
Reclamamos también una reducción del IVA en productos de primera necesidad y mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos.
¡Basta de negociar con el alimento del pueblo! ¡Que la crisis la paguen los que la generaron!
¡Ley de Abastecimiento ya!
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan
