La presidenta de facto peruana, Dina Boluarte, recibióun informe internacional sobre las violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas sociales que demandan su renuncia, con un saldo de 60 muertes.
El documento fue entregado a Boluarte en el Palacio de Gobierno por la directora de la organización Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, quien señaló que el texto consigna tras una investigación que la Policía y los militares usaron las armas en forma indiscrminada y letal.
Guevara reveló tras la audiencia que la Boluarte argumentó que las fuerzas gubernamentales actuaron «contra violentistas y vándalos», pero el informe verificó que los muertos eran en muchos casos civiles inermes que protestaban pacíficamente.
“Presentamos las evidencias recolectadas”, además de testimonios de familiares de las víctimas y heridos, que indican que las fuerzas de seguridad hicieron “uso excesivo, desproporcionado y muchas veces hasta letal, de la fuerza, utilizando armamento contra los protestantes”.
La dictadora dijo a Guevara que el Gobierno está brindando apoyo a las familias de las víctimas “pero lamentablemente nosotros escuchamos los testimonios de las víctimas y esa ayuda no ha llegado ni conocen cómo acceder a esa ayuda”, anotó la visitante.
Otro problema, señaló la visitante, es la lentitud de las investigaciones y citó el caso de un manifestante muerto en Lima por el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza. Hasta hace unos días, la Fiscalía no había obtenido las grabaciones de las cámaras privadas de seguridad que muestran los hechos.
De otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), el colectivo Paz y Esperanza y un equipo de abogados, denunciaron a la presidenta Boluarte por las muertes de manifestantes en la región surandina de Apurímac el 10 de diciembre de 2022.
La demanda incluye a ministros y altos mandos policiales y a quienes, además, resulten responsables, y contiene videos, documentos y testimonios como prueba de crímenes cometidos.
En los disturbios de las ciudades apurimeñas de Andahuaylas y Chincheros, precisa la demanda, murieron seis manifestantes, cinco de ellos por proyectiles de armas de fuego y, entre estos, dos adolescentes.
En el saldo figuran también 83 heridos y decenas de detenidos y torturados, según los denunciantes.
Las protestas se iniciaron el 7 de diciembre último, tras la destitución y detención del hasta entonces presidente Pedro Castillo y, tras casi dos semanas, entraron en una tregua por las festividades de fin de año, se reanudaron el 19 de enero y continúan con menor intensidad.
FUENTE: Prensa Latina
