Seamos realistas: no es baladí que 1.200 delincuentes sean detenidos en la zona del Cuartel General del Ejército de Brasil. La detención de terroristas y delincuentes en Fuerte Apache -y a escala industrial- dice mucho sobre el involucramiento objetivo de las Fuerzas Armadas con el terrorismo y con las prácticas sistemáticas de delitos contra la democracia y el Estado de derecho.
Los delincuentes solo podían acampar en las áreas de los cuarteles si tenían autorización de los mandos militares, como de hecho la tenían. Y pudieron pasar más de dos meses acampados en el Cuartel General del Ejército, donde fueron tratados con camaradería y aprecio.
La señora Maria Aparecida Villas Bôas, esposa del golpista y general conspirador Villas Bôas, asistió al campamento de los terroristas, donde fue honrada como una celebridad.
Reserva y militares activos desfilaron regularmente en el sitio. Muchos de ellos para alentar a los delincuentes, como el sargento de Marina Ronaldo Ribeiro Travassos, que habló allí llamando al asesinato del presidente Lula y de los votantes del PT.
El sargento, entonces asignado al GSI del general Augusto Heleno, solo siguió el ejemplo de un oficial de mayor rango, el general André Luiz Ribeiro Allão.
El comandante de la 10ª Región Militar del Ejército, el general Allão, se comprometió a mantener y proteger a los terroristas acampados en el área de su mando en Fortaleza «aunque haya órdenes de otras potencias en sentido contrario«. Una declaración de guerra a la Constitución.
Los delincuentes acampados en Brasilia con la bendición y protección del Comando del Ejército no abandonaron espontáneamente el área del cuartel general. Tampoco fueron retirados del sitio por el Ejército, incluso después de los atentados terroristas en Brasilia del 12 y 24 de diciembre, perpetrados por delincuentes que prepararon los atentados allí.
Fue necesaria una orden judicial del ministro del STF, Alexandre Moraes, para que el campamento fuera finalmente desmovilizado e identificados y detenidos los delincuentes. Pero solo después de los graves ataques a las sedes de los poderes de la República el 8 de enero.
En la orden de desalojo [9/1], el magistrado Moraes destacó que el «campamento criminal frente al Cuartel General del Ejército […] estaba infestado de terroristas, quienes incluso tenían decretadas sus detenciones temporales y preventivas«.
Para el magistrado Moraes, «absolutamente NADA justifica la existencia de campamentos repletos de terroristas, patrocinados por diversos financistas y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión del necesario respeto a la Constitución Federal«.
El magistrado del STF entiende que «en un momento tan sensible de la democracia brasileña, en que se suceden actos antidemocráticos durante todo el día, con ocupación de inmediaciones de edificios militares en todo el país, y en Brasilia, no se puede alegar ignorancia o incompetencia por la OMISIÓN DOLOSA y PENAL«.
La furia destructiva que golpeó el Palacio del Planalto también fue facilitada por la «omisión dolosa y criminal» del Ejército.
Nunca se ha visto el Palacio de Planalto tan desprotegido y expuesto como en el momento del ataque de las hordas fascistas. No se vio sombra del Batallón de la Guardia Presidencial, que es el encargado de la seguridad y protección del Presidente y Vicepresidente de la República y sede del poder civil.
La disolución de los campos criminales debió ser la primera orden que el actual comandante del ejército debió recibir y cumplir durante el gobierno de Lula.
Como lo demuestra la evolución de los acontecimientos, el gradualismo propugnado por el Ministro de Defensa José Múcio Monteiro fue un error fatal. Era bien sabido que los campamentos terroristas no iban a «desvanecerse» espontáneamente.
Los terroristas que aterrorizaron Brasilia el 8 de enero de 2023 contaron con el apoyo financiero, logístico y material de empresarios criminales y, por supuesto, con la connivencia de la PGR, el gobierno distrital y la policía del DF.
Además de responsabilizar a las personas y agentes públicos involucrados, es fundamental, sin embargo, actuar en relación con las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército brasileño, que está en el centro del terrorismo en Brasil, como lo estuvo durante la dictadura, para mantener el control y el poder.
Como evalúa el profesor de la UFJF Odilon Caldeira Neto, el atentado terrorista del 8 de enero de 2023 «no es un golpe en sí mismo, sino un hecho apoteótico que deslegitima a los líderes políticos y las instituciones democráticas. El plan es restringir el gobierno en el centro y en los bordes, en un esfuerzo por hacer insostenible el ejercicio del poder. El caos es un instrumento para exigir la militarización«.
Sintomáticamente, el Ejército puso tropas en alerta esperando a ser llamados para una operación GLO -Garantía de la Ley y el Orden-, que correctamente no fue considerada por el gobierno federal.
El presidente Lula necesita aprovechar la cohesión institucional y la conmoción y la solidaridad de la comunidad internacional para adoptar medidas urgentes para la reformulación de las Fuerzas Armadas, comenzando por la extinción del GSI, la sustitución del Ministro de Defensa y la destitución del comandante del Ejército.
No se puede minimizar el significado y la gravedad de la detención de un batallón real de 1.200 terroristas en el área del Cuartel General del Ejército de Brasil. Descuidar esto sería devastador para la autoridad y la gobernabilidad del gobierno de Lula y fatal para la democracia.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Foto: Eraldo Peres
Fuente: estrategia.la
