Ley Micaela: a 5 años de promulgada, sigue vigente en La Pampa a pesar del retroceso nacional
Desde la Secretaría de la Mujer Géneros y Diversidad, expresaron su preocupación y alerta por las modificaciones radicales presentadas en el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto en el DNU, como en la Ley Ómnibus, respecto a la Ley Micaela. Las variaciones pretendidas, entre otras modificaciones significativas, dejarían sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, reduciendo solo a las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.
Asimismo, desde el organismo sostuvieron que la Provincia de La Pampa dará continuidad a la implementación la Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. «Esto siendo expresa voluntad del gobernador, Sergio Ziliotto, dará continuidad al sentido del marco normativo que impulsa el abordaje y la prevención de violencia de género”, expresó a la Agencia Provincial de Noticias la subdirectora de capacitación en géneros y diversidad, Nancy Fernández de la Vega.
Funcionarias de la Secretaría sostienen que la Ley Micaela constituye una herramienta clave para identificar desigualdades y elaborar estrategias para su erradicación, cuestionando la desigualdad y discriminación estructurales con el objetivo de transformar las prácticas concretas. Esto tiene la finalidad de que el aprendizaje se vea reflejado en cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y en cada una de las políticas públicas. Es por ello que consideran que las pretendidas modificaciones son un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.
Funcionarias de la Secretaría sostienen que la Ley Micaela constituye una herramienta clave para identificar desigualdades y elaborar estrategias para su erradicación, cuestionando la desigualdad y discriminación estructurales con el objetivo de transformar las prácticas concretas. Esto tiene la finalidad de que el aprendizaje se vea reflejado en cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y en cada una de las políticas públicas. Es por ello que consideran que las pretendidas modificaciones son un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas.
