El Ministerio Público Fiscal (MPF) de General Pico pidió este miércoles 10 años de prisión efectiva para el sacerdote José Miguel Padilla por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio del joven Vicente Suárez Wollert, y la Defensoría solicitó su absolución en la jornada en la que se realizaron los alegatos finales de las partes en el juicio oral a puertas cerradas que lo tiene como imputado.
En primer lugar, la jueza que coordina el debate, María José Gianinetto, escuchó los alegatos finales ofrecidos por la fiscal Andreína Montes y el fiscal Luciano Rebecchi, ambos de la Fiscalía temática de delitos de género, quienes solicitaron que Padilla sea condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado a una pena de 10 años de prisión efectiva.
La querella particular, ejercida por Mauro Fernández, en representación de la víctima, adhirió al pedido de Fiscalía.
Por último, los abogados defensores de Padilla, Jorge Salamone y Florencia Boglietti, solicitaron la absolución.
El debate, que se realizó a puertas cerradas por ser un delito contra la integridad sexual, se extendió durante siete jornadas, entre el 2 de mayo y este miércoles 10 de mayo, en la Sala de Audiencias 1 del Edificio Judicial de General Pico.
La jueza de audiencia de juicio María José Gianinetto tiene, ahora, un plazo de 10 días hábiles para dictaminar la sentencia.
Durante el debate oral declaró la víctima, Vicente Suárez Wollert, quien relató los hechos de abusos que habrían ocurrido entre 2015 y mediados de 2016.
Durante cuatro horas y media narró los pormenores de los hechos denunciados. Contó que se incorporó al seminario en La Plata y luego se trasladó a congregación Fraternidad de Belén, con sede en la localidad pampeana de Intendente Alvear, siempre bajo la tutela de Padilla.
El primer día también declaró Padilla, quién negó los hechos y dijo que «no entendía cómo una persona tan inteligente había declarado estas cosas». Además, aseguró que se sentía «fusilado» desde el momento de las denuncias.
Durante el proceso la justicia pampeana les tomó testimonio, a tres obispos. Se trató de la primera vez en que las autoridades católicas no pueden eludir las preguntas de fiscales y querellantes, ya que antes se les permitía declarar mediante una presentación escrita.
La semana pasada declararon vía remota los obispos Raúl y Luis Martín, titular y auxiliar de la diócesis de La Pampa, por los hechos denunciados en esa provincia, y monseñor Héctor Aguer, por los abusos que se habrían producido en La Plata.
Durante sus testimonios, los religiosos negaron conocer las circunstancias denunciadas por Vicente Suárez Wollert, quien relató varios hechos de abuso sexual y responsabilizó al sacerdote José Miguel Padilla.
Raúl y Luis Martín negaron conocer los hechos sucedidos en La Pampa, mientras que Aguer, negó conocer los que habrían ocurrido en La Plata.
Previo al juicio, Vicente Suárez Wollert relató que los seis meses en los que estuvo en la Fraternidad de Belén –desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016–, la congregación «fue un lugar y una experiencia muy oscura, tanto por el delito contra la integridad sexual como por todo el contexto de manipulación y de miedo». «Fue un tiempo donde Padilla me hacía creer que mi familia no me quería, que fuera del convento yo no tenía futuro», dijo el joven.
Suárez Wollert es, actualmente, profesor de Educación Especial, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y se declaró «ateo» al no poder «encontrar armonía ni sintonía en la Iglesia» tras lo ocurrido.
Suárez Wollert -que llegó a la Fraternidad de Belén, también conocida como Capuchinos Recoletos, en noviembre de 2015 cuando tenía 19 años- describió que se trata de «una comunidad de frailes que fundó Padilla hacia el año 1995 en La Pampa, junto a dos personas que eran compañeros de él en San Luis, el fray Gustavo y fray Benito».
«Me quedé hasta mayo de 2016, cuando fui expulsado», explicó sobre la congregación, en la que convivían «alrededor de 12 adultos y dos menores».
La expulsión se debió a que, luego de atravesar las situaciones de abuso y enfrentar a Padilla, el joven empezó a «rebelarse» en contra del director del lugar.
Y explicó que «de ahí en más vinieron amenazadas, incluso (Padilla) llegó a golpearme, y cuando le dije que le iba a comunicar al obispo lo que había pasado, me dijo que visite a mis papás para rever mi vocación, y yo accedí».
En el camino, Suárez Wollert fue notificado de su desvinculación con la comunidad, pero siguió manteniendo comunicación con Padilla, ya que quería continuar con la vida religiosa, y para esto «a comunidad tenía que hacer un informe, que era un condicionante».
«Para no perjudicar lo que creía mi vocación, trataba de seguirle la conversación a Padilla para evitar que el informe fuera lapidario. Esta comunicación se interrumpió porque comenzó a pedirme fotografías y mensajes con contenidos sexuales», contó el denunciante.
Pasaron cuatro años hasta que el joven pudo realizar la denuncia en la justicia de General Pico. Durante ese tiempo, señaló que los presuntos abusos lo afectaron en cuestiones relativas a su autoestima y salud mental, ya que «Padilla llegó a decir que yo tenía severos trastornos y problemas mentales como esquizofrenia», lo que luego se comprobó que era falso.
«No sólo mi testimonio es verídico, sino que no sufro de ningún tipo de trastornos ni patologías, soy mentalmente sano. Pero hasta que descubrí eso, en 2021, yo creía en ese supuesto diagnóstico», contó.
Actualmente, Padilla se encuentra radicado en San Luis, donde el obispo de esa provincia, Gabriel Barba, «le asignó la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Trono para que dé misa una vez por semana», dijo Suárez Wollert.
