Por Julio C. Gambina
La inflación y la recesión golpean fuerte en la mayoría de la sociedad argentina y crece la protesta por el impacto económico. Esto motiva iniciativas para implementar políticas económicas impensadas en el oficialismo. Es que, por vez primera suena la alarma de merma en el consenso electoral que dificulta los planes reeleccionistas. La “economía” empieza a intervenir en las opciones electorales de los votantes y peligra la reelección de Macri.
Apareció ahora la intención de extender el programa de “precios cuidados” o considerar “acuerdos de precios” con principales cadenas de producción y comercialización, tanto como nuevas líneas de crédito con los fondos de ANSES, los de la seguridad social. Son medidas en las que la ideología liberal oficial no acuerda, pero se imponen ante el descontento creciente que reproduce la prensa, incluso la que puede ser considerada amiga. Algo hay que hacer, sostienen.
Queda claro que es una respuesta de tipo política para mantener las expectativas de consenso electoral en sectores que hoy tienen dudas en sustentar un nuevo periodo de Macri, el PRO y Cambiemos.
Las medidas no están dirigidas al núcleo duro de consenso ideológico, a quienes nada les debe satisfacer medidas “intervencionistas” como las mencionadas. Apuntan a disputar el consenso de una franja del nuevo y creciente descontento por el impacto social de la política económica. De implementarse durarían hasta las elecciones, luego, otra vez el ajuste sin anestesia, pero con el consenso de los votos.
Explícitamente el Jefe de Gabinete y en variadas ocasiones el Presidente han denostado cualquier mecanismo visibilizado como intervencionista, claro que al mismo tiempo impulsan una fuerte intervención del Estado en el establecimiento de la tasa de interés o en la suba de las tarifas de servicios públicos. Buena parte de la suba de precios en la actualidad se deriva de la intervención del Estado, caso de las autorizaciones en la suba de precios a pre-pagas, petroleras, o simplemente el cronograma de aumento de tarifas o la política monetaria y suba de tasas de interés.
Las opiniones críticas relativas al intervencionismo estatal son por lo tanto de tipo ideológico. El Estado siempre interviene, la discusión es a favor de quién. No hay dudas que el gobierno favorece a un núcleo reducido de beneficiarios en el ámbito de la especulación, la banca y el mercado de capitales, los grandes productores y exportadores y las empresas privatizadas de servicios públicos.
El nuevo problema para el gobierno y sus asociados es el crecimiento del descontento, que podría, dicho en potencial, entorpecer los planes reeleccionistas a fin de este año. Avisados del tema, la campaña en curso remite al “cuco”, que no es otra cosa que el retorno del “populismo”.
No solo el gobierno instala la cuestión, sino que también se procesa entre radicales y peronistas, incluidos los que imaginan que pueden desplazar de la primera magistratura a Macri desde fines del 2019. Remito a Lavagna, Massa, Urtubey, Pichetto, Lousteau entre varios de los que disputan la gestión del modelo. Por su parte, los aludidos como populistas pocas pistas otorgan sobre lo que harían desde el gobierno.
Así las cosas, ya no se discuten temas concretos relativos a cómo resolver las necesidades de la población, sino a una opción imaginaria entre el país populista o el moderno y liberal sustentado desde la fuerza en el gobierno, sin opciones para pensar e ir más allá de esas variantes.
La dificultad de la opción es que todos los indicadores sociales o variables en consideración, tales como la pobreza, el desempleo, la carestía de la vida, e incluso el riesgo país que mide el poder mundial, registran guarismos peores en el presente que en el denostado pasado inmediato adjudicado al populismo. Vamos a insistir que no apostamos al populismo, aun cuando queremos desmitificar la falsa opción presentada desde el poder.
Mucho se trabajó mediáticamente al “cuco”, con el populismo, Venezuela, o el socialismo, ejemplificado en Cuba o el fracaso de la URSS. No se trata de la defensa a libro cerrado de esas experiencias, o de gobiernos locales anteriores, denominados populistas, sino la posibilidad de pensar que no hay un solo camino para el presente y el futuro del país y del mundo.
Repican que el único camino posible es el actual, con el FMI detrás y por cierto el contexto del programa liberal que sustentan gobiernos de la derecha latinoamericana, obviando la tradición autoritaria y la corrupción que las sustenta junto a un regresivo impacto social en calidad de vida.
El descontento no supone la protesta en la misma dimensión, aunque ya tiene fecha el paro nacional para el 30 de abril, convocado desde un arco sindical y social diverso que no involucra explícitamente a la cúpula de la CGT.
La fecha de la protesta es previa al Primero de Mayo y resulta simbólica la conmemoración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras ante la ofensiva abierta contra los derechos sindicales, individuales y colectivos, patrón verificable en todo el mundo, muy especialmente con la demanda de reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas.
Asistimos a un tiempo de revancha para el capital, en contra los derechos conquistados en décadas de lucha y organización del movimiento sindical y social por décadas.
Ofensiva capitalista contra el trabajo. ¿Se puede transitar otro rumbo?
Desde la OIT en su centenario, el propio gobierno y las patronales se instaló hace un tiempo un debate relativo al “futuro del trabajo”, engañoso mecanismo para disfrazar la ofensiva del capital contra los derechos de trabajadoras y trabajadores.
El trabajo es una actividad humana que transforma la realidad, la naturaleza y al propio ser humano; es un dato de la historia y no puede concebirse el futuro sin el aporte del trabajo. No hay futuro sin el aporte del trabajo vivo de las trabajadoras y los trabajadores del mundo.
Los clásicos de la Economía Política, en el origen de la disciplina científica que intentaba explicar el capitalismo sostuvieron que el CAPITAL es Trabajo acumulado. Qué decir hoy sobre el desarrollo tecnológico, la innovación, la robótica o la inteligencia artificial, sino que son creaciones del trabajo humano acumulado.
Si esos adelantos técnicos y científicos hoy son utilizadas por los propietarios de medios de producción, los empresarios de mayor acumulación de capitales, da cuenta de la privatización concentrada del aporte social universal de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo a través de la historia.
El trabajo es fuente del valor, y como recordamos, fuente creadora del capital, por ende, de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista. Esta tríada derivada de la ganancia afecta la calidad de vida de la mayoría de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores. No se trata de un tema local, sino mundial y derivado de las relaciones capitalistas de producción.
Son razones suficientes para defender el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la apropiación social de una riqueza que se apropia privada y concentradamente por unos pocos, generando condiciones de desigualdad insostenibles, que en la propia estadística oficial en la Argentina señala que el 10% más enriquecido por ingresos en el país percibe 20 veces más que el 10% más empobrecido. Por lo dicho es que el 32% de la población argentina percibe ingresos por debajo de la pobreza y ya no alcanza con estar empleado para no ser pobre, exacerbado con más de un tercio de trabajadoras y trabajadores en situación irregular de empleo.
No solo las trabajadoras y trabajadores son las y los generadores de la riqueza y del capital, sino que la impunidad empresaria, aceptada por la ineficacia del control estatal impide que más de un tercio de la población trabajadora tenga acceso a la seguridad social.
Sobre esta base se sustenta el chantaje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI que demandan reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas. Es más, el FMI convoca a seguir con el rumbo actual de política económica e induce a la oposición a sustentarlo a futuro. Son condicionantes para desarmar derechos individuales, sociales y sindicales conquistados en una larga historia de organización sindical y social.
Por eso el paro nacional, como forma de canalizar organizadamente la protesta y darle cauce al descontento. Algunos se interrogan si el paro cambia algo, y en ese sentido, se trata de una acción colectiva que motiva la discusión sobre los rumbos posibles de acción, si solo alcanza con esperar las elecciones o si el debate del rumbo a seguir se precipita en la demanda social ampliada motorizada por acciones de movilización y organización del descontento. No tienen razón los que niegan la acción colectiva y el paro como una de sus formas, válido para las condiciones actuales y también en la historia reciente con otros gobiernos. El movimiento se construye andando y la historia de la lucha de clases no se detiene.
Varias veces hemos sostenido que la política es más que las instituciones y el momento de su conformación vía elecciones. Es algo que los medios de comunicación y el debate en redes tiene asumido, por lo que la acción de calles también contribuye a sostener un debate político sobre qué hacer en el país. Los paros son necesarios ahora, tal como lo fueron previamente, porque constituyen acciones constitutivas de sujetos autónomos de partidos, gobiernos y patronales, con reivindicaciones programáticas y, en definitiva, estrategia del movimiento obrero y popular, imprescindible en este tiempo histórico.
Hay que modificar el rumbo de la intervención estatal y frenar el financiamiento del programa en curso, lo que supone la anulación del acuerdo con el FMI, una gigantesca hipoteca a corto y mediano plazo, con las obligaciones de allí emanadas que promueven mayor recesión desde el objetivo por déficit fiscal cero y el compromiso de no emisión. No alcanzará con renegociar las condiciones del acuerdo con el Fondo, se necesita la anulación. Para eso se requiere mayor movilización y paros como parte de la lucha y organización popular, como ayer y mañana para fortalecer la demanda popular.
El ajuste fiscal y la política cambiaria y monetaria de allí emanada establece tasas de usura que han comprometido en los últimos seis meses, solo en intereses de títulos (leliq) unos 200.000 millones de pesos, equivalentes a unos 4.500 millones de dólares. Son recursos que bien podrían haberse utilizado para financiar una política alternativa, para resolver empleo y ampliación de la producción con vistas a satisfacer necesidades de la población. Es un mecanismo para desangrar al país, para transferir al exterior riqueza socialmente generada en el país.
Ante el descontento y la protesta resulta necesario pensar en alternativas, descalificando la posibilidad de la crítica por derecha de los ortodoxos liberales que pretenden exacerbar el ajuste y la regresiva reestructuración, tanto como la reaparición de propuestas por la dolarización, caso de Cavallo, quien sostuvo la oportunidad para dolarizar salarios y jubilaciones. Una propuesta destinada a consolidar la pérdida de poder adquisitivo de la población que percibe ingresos fijos, cuando por efecto de sucesivas devaluaciones y dolarizaciones de precios, la ganancia del sector más concentrado estuvo asegurada.
La dolarización apuntada exacerba la dependencia económica y financiera y está a contramano del rumbo soberano necesario que la realidad exige en el presente. Tampoco alcanza con la crítica a la política actual sin establecer los mecanismos de política alternativa con base en la defensa soberana de los intereses de la mayoría de la población y por otro orden socioeconómico.
No basta con el descontento y aún con la protesta; es momento para instalar una discusión sobre otro rumbo para la economía, la sociedad y el Estado, con un horizonte centrado en satisfacer necesidades y terminar con la lógica liberal que privilegia la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Buenos Aires, 13 de abril de 2019
