Desde que tiene un año y ocho meses de vida, Ludmila Terreno, debió ser asistida, en su pueblo natal, Bernardo de Irigoyen (Santa Fe), tras presentar un cuadro de vómitos severos, deshidratación y pérdida de peso. La niña se encontraba contaminada con glifosato en sangre, confirmaron a sus familiares los médicos del Hospital de Niños, luego de ser internada el pasado 10 de abril. Perdió peso, sufre vómitos y dolores de cabeza y debe usar barbijo casi en forma permanente por el riesgo que implica contraer enfermedades.
La familia Terreno, vive en Bernardo de Irigoyen, un pueblo de unos 3.000 habitantes ubicado a casi 100 kilómetros de Rosario y hace dos años que piden el traslado de ese depósito de plaguicidas, ubicado en plena zona residencial, y que también funciona como lavadero de máquinas fumigadoras. Allí los vecinos observan frecuentes movimientos de envases de agrotóxicos y denuncian que se almacena tanto glifosato como Round Up, algo prohibido en las zonas urbanas santafesinas por normativas que nadie se esfuerza en hacer cumplir.
Sin embargo, a pesar los diversos reclamos no solo por parte de los padres de la niña, sino también de toda la comunidad, no han logrado el cierre definitivo o el traslado a otro sector.
La pequeña Ludmila pelea por recuperarse, y sus familiares por alejar los venenos de la vivienda. Pero nada cambió a pesar de los numerosos reclamos realizados ante el Gobierno comunal y de que hace catorce meses se tramita una causa penal en la oficina del fiscal del MPA con asiento en la ciudad de Coronda, Jorge Nessier. Hasta el mes de abril de 2019 los “mosquitos” fumigadores siguieron entrando y saliendo del galpón vecino a la casa de la niña afectada con absoluta impunidad. Además, los bidones de químicos biocidas continuaron a la vista de todos, poniendo en serio riesgo la salud incluso de los demás habitantes de la zona.
Ante la posibilidad cierta de que los daños ocasionados sean cada vez más graves hasta el punto de ser irreversibles, la agrupación Vecinos Fumigados de la provincia de Santa Fe, junto a familiares de la pequeña afectada, decidieron organizar una conferencia de prensa en la puerta del Hospital Allassia el viernes 26 de abril para visualizar una situación que se constituye como una gravísima lesión a los derechos más elementales: a la vida, a la salud, al desarrollo y a disfrutar de un ambiente sano, derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños –UNICEF- y la Constitución Nacional. La misma mañana, luego de la convocatoria que atrajo la atención de numerosos medios de comunicación de la región, el acompañamiento de los “Vecinos Fumigados” incluyó presentaciones administrativas en el nosocomio mencionado y la intermediación ante la Defensoría General de la Provincia.
En los primeros días del mes de mayo tomó contacto con la causa el Defensor General No. 5, de turno, Dr. Jorge Ursini. Por estas horas la familia Terreno está viajando en forma reiterada hacia los Tribunales santafesinos a aportar las pruebas necesarias para que se soliciten medidas efectivas de resguardo.
En diálogo con Radio La Tosca Facundo Viola, periodista y ambientalista, integrante de la agrupación “Vecinos Fumigados” de la provincia de Santa Fe explicó que el padre de la niña decidió encadenarse en este galpón al no tener respuestas de la clausura del mismo ya que es ilegal porque no pueden funcionar en zona urbana, tal como lo deja explícito la Ley provincial 11273 desde el año 1995.
Facundo explica que la normativa esta fuera de uso, inaplicable, con faltas de control. Agrega que desde la agrupación se vienen realizando actividades que visibilicen la problemática, con el objetivo de generar concientización en lxs vecinos.
