El dirigente nacional de los jubilados, Marcos Wolman, expresó en Radio La Tosca que el “aumento de $100 surge por la actualización con la modificación de la nueva fórmula que establece que semestralmente debe otorgarse el aumento a los haberes jubilatorios

La modificación fija un porcentaje para recibir el 82% del salario mínimo, vital y móvil.  Para quienes tienen 30 años de aporte están cobrando la mínima, van a recibir $101, es decir abarca aproximadamente un millón y medio de jubilados

La canasta básica de un adulto mayor en el mes de abril era de $19.200 que contempla, alimentación, vivienda, vestimenta, medicamentos, transporte, alquileres y expensas. Hoy los $ 8.096 que cobra una jubilado,  representa el 40% de lo que necesita un adulto mayor. El 80% de los jubilados está por debajo de la línea de la pobreza, no cubre las necesidades de la canasta básica de un adulto mayor.

El Ministerio de Trabajo, está tratando de introducir una nueva ley previsional con 25 miembros cuyo presidente será el ministro de trabajo y su reemplazante, el ministro seguridad social es decir quedaría este instituto llamado Consejo de Sustentabilidad Previsional en manos del gobierno que va a resolver cuánto es lo que se dispone para ver qué es lo que va a abonar.

“La jubilación, no es un gasto, sino que es un derecho adquirido por tratarse de que todo trabajador hasta que se jubilan le retienen aportes jubilatorios. Por eso es un salario diferido. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está tratando de impulsar un sistema nuevo para disminuir los gastos del estado”, expresó.

Este sistema es el que aplican en el mundo, por ejemplo en Brasil se aumenta la edad jubilatoria iguala edad de la mujer con la del hombre y busca disminuir la relación entre la jubilación y el salario o sea, hace desaparecer al 82% móvil y finalmente busca el desfinanciamiento del sistema de jubilación público basado en lo que dijo Lagarde, Presidente FMI de que la extensión de la expectativa de vida impide pagar las jubilaciones que hasta ahora se percibían. Es decir más ajuste a los jubilados.

Lo mismo dice, la representante del FMI, que ningún país tendrá ni jubilación pública ni salud pública porque el estado no va a poder destinar recursos para estar sectores Por supuesto porque hay que aumentar la ganancia de las grandes empresas multinacionales”, amplió.

En este escenario lo que se busca es bajar el haber mínimo jubilatorio para que toda la gente vaya hacía las AFJP, porque se deberá pagar un adicional mayor para poder tener una jubilación digna.

Hoy en Chile los trabajadores están luchando en contra de las AFP con grandes movilizaciones porque cada vez pagan más, ganan menos y los bancos obtienen extraordinarias ganancias en Chile

Explicó que “el retorno al sistema previsional privado es un desastre para las futura generaciones que ya denominan sistema de sustentabilidad. “La CTA ha vuelto a presentar el proyecto de ley previsional y está levantando firmas que será presentado por diputados que se han comprometido con el proyecto.

Este proyecto tiene tres aspectos fundamentales. Primero es que hay volver al 82% móvil del trabajador activo y salir del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil ubicado en 8096 pesos que es una barbaridad. Esto, para seguir viviendo en las mismas condiciones de las que veníamos gozando cuando éramos activos.

Esto no lo ha querido tratar ningún gobierno por eso ha perdido estado parlamentario estos últimos años. Otro aspecto fundamental del proyecto establece quién debe manejar los fondos. Nosotros creemos que debe ser administrado por los interesados y el estado debe participar como representante y como responsable de los jubilados de nuestro país”.

El fondo de garantía de sustentabilidad hoy corre el riesgo de ser liquidado porque los trabajadores jubilados no pueden decidir sobre el destino de los fondos. Éste, es un fondo anti cíclico, para cubrir necesidades que puedan presentarse. Para que se tenga una idea, “estamos hablando de un billón 200 mil millones de pesos, constituido por títulos públicos es decir dinero que utilizó el gobierno anterior para pagar deuda externa y otro 30% en acciones de empresas privadas”, se explayó.

Finalmente, señaló que “el movimiento sindical, las organizaciones de los movimientos sociales y territoriales deben proponerse en unidad de acción enfrentar esta política del Gobierno neoliberal”

 

 

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