Una investigación en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte visibilizó que por lo menos 18 padecen «gravísimas dificultades para acceder al agua» potable sana y segura.
Las organizaciones Pata Pila y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrantes de la coalición Infancia en Deuda (IED) realizaron una investigación sobre «Acceso al agua en comunidades indígenas y criollas del municipio de Rivadavia Banda Norte», que visibilizó que por lo menos 18 comunidades originarias de ese municipio padecen «gravísimas dificultades para acceder al agua» potable sana y segura.
Estas comunidades están integradas por aproximadamente 4 mil personas, de las cuales 400 son niños y niñas. Los resultados se dieron a conocer en medio del contexto de la reciente declaración de la emergencia hídrica en la provincia, y de la emergencia sociosanitaria, que se declaró desde 2020 en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia.
Además, en diciembre del año pasado, la ACIJ y la comisión directiva de la Comunidad Misión La Loma, en jurisdicción del municipio de Embarcación, en el departamento San Martín, presentaron un amparo para que el Estado salteño cumpla con la Ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856, promulgada en diciembre de 2014, en el entendimiento de que resulta “fundamental para garantizar la vida y la salud de niñas y niños originarios”.
La nueva investigación consistió en diversos encuentros, visitas al territorio y entrevistas en las comunidades ubicadas entre las localidades de Los Blancos y Capitán Page, en la ruta provincial 81, que mostró «numerosas dificultades» que atraviesan los niños, niñas y adolescentes de los pueblos originarios en el interior de la provincia de Salta al momento de acceder a los derechos de agua sana y saneamiento.
Los investigadores afirmaron que la crisis hídrica se encuentra totalmente extendida en el norte salteño, pues «ninguna de las 9 comunidades visitadas cuenta con red de agua». Esas comunidades son Kayip, Kilómetro 92, Lote 8, Lote 6, 15 Viviendas, Ranchitos, Artesanos, La Curvita y 20 Hectáreas. Se suma el paraje criollo Finca González y Hermanos.
En ese sentido, reclamaron que a casi tres años de la declaración de emergencia sociosanitaria, «y aunque el Estado debía tomar todas las medidas a su disposición para modificar la situación», aún se percibe la falta de acceso a derechos básicos mientras que la mortalidad infantil «continúan siendo parte de una realidad cotidiana».
«El verano es especialmente peligroso», manifestaron al recordar que, según información oficial del gobierno de Salta, durante el primer trimestre de este año fallecieron en la provincia 79 niñas y niños menores de 5 años, siendo 44 de los departamentos del norte de la provincia.
Si bien alertaron que la situación responde a políticas históricas de exclusión y discriminación, advirtieron que desde el censo 2010 el Estado cuenta con información relevante para abordar la problemática. Para ese tiempo se mostró que el 10,1% de los pueblos originarios del país utilizaba agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, mientras que a nivel provincial sólo se daba en un 1,2%.
En tanto, el 7,1% poseía perforación con bomba a motor frente al 2,8% provincial, y el 6,2% realizaba el transporte por cisterna, alternativa, mientras que a nivel provincial representa apenas el 0,3%. Por otra parte, la provisión del agua por cañería dentro de la vivienda era del 43,9% entre los hogares indígenas, es decir, 32 puntos porcentuales por debajo de la media provincial que alcanzaba el 76,5%.
Por ello, los investigadores afirmaron que «existen numerosas comunidades sin un real acceso al agua», además de que «las comunidades que sí pueden acceder al agua, lo hacen en condiciones muy inferiores al resto de la población provincial».
El Censo 2010 también mostró que Salta aún conserva una significativa proporción de familias que viven en el ámbito rural: 12,89%, dentro de esta población el 37,77% se encuentra agrupada y el 62,23%, dispersa. Además, el 6,5% población que se autoidentifica como indígena o descendiente de indígena, según el INDEC de 2015, conviertiéndose en una de las más altas del país.
En efecto, en la provincia hay 14 pueblos originarios, el 57,4% de sus integrantes viven en áreas urbanas y el 42,6%n en áreas rurales. De los pueblos originarios más numerosos, el Wichí y el Kolla presentan una proporción mayor de población rural (60,7% y 60,9% respectivamente) y son estas dos poblaciones las que presentan mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes.
Al momento de disgregar por edades, la mayor concentración de población se da en la base, ya que el 11% tiene entre 0 y 4 años (8.943 niños/as); el 13%, entre 5 y 9 años (10.395); el 14%, entre 10 y 14 (10.99); y el 12%, entre 15 y 19 años (9.351). Es decir que el 50% de la población indígena son niños, niñas y adolescentes, refirieron las organizaciones.
Obras sin conclusión
También, de acuerdo al relevamiento, se pudo constatar que solamente existe un proyecto de obra de organismos gubernamanentales para llevar la infraestructura a tres comunidades, pero «sufre demoras injustificadas de forma constante». Se trata de la obra «Nueva Cañería de impulsión y obras compensatorias», a llevarse a cabo en la localidad de Los Blancos, y que está a cargo de Ente Nacional de Obras Publicas y Saneamiento del Misterio de Obras Publicas de Nación. Esta obra beneficiaría a las comunidades Kilómetros 8 y 6, y 15 Viviendas.
La falta de conclusión de las obras deriva en que las familias solo puedan acceder al agua apta para consumo humano mediante camiones cisterna, una vez a la semana o cada 15 días. «Esta situación es irregular e insuficiente y la seguridad del agua se encuentra comprometida, vulnerando las normas del Código Alimentario Argentino», advirtieron desde Infancia en Deuda.
Además, las personas de las comunidades señalaron de manera uniforme que el agua que reciben tiene elevados niveles de arsénico, es salada, y produce enfermedades, como diarrea e hinchazón abdominal.
Las organizaciones al frente de la investigación aseguraron que la lucha por el acceso al agua de estos pueblos «sigue siendo vista como una desgracia aislada de quienes no se dan al resto de la sociedad o quienes están lejos de los grandes centros urbanos o industriales». No obstante, sostuvieron que tales suposiciones «deberían ser un llamado de atención por cuanto reflejan el (mal)trato en materia de derechos humanos que reciben quienes integran las culturas originarias de la provincia».
Estos resultados llevaron a que IED presentara notas al gobierno de Salta, a los ministerios nacionales de Salud, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Obras Públicas, así como a organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, para que intervengan de forma urgente y den una solución a esta problemática gravísima de derechos humanos.
Si bien la investigación se realizó en 9 comunidades del municipio de Rivadavia Banda Norte, hubo un acercamiento de otras comunidades que también integran los tres departamentos declarados en emergencia sociosanitaria. Al igual que en Rivadavia Banda Norte, denunciaron la falta de todo tipo de infraestructura hídrica, insuficiencia de la provisión de emergencia que brinda el Estado de forma irregular e incumplimiento de las obras comprometidas.
