Mercantilización de la vida. El caso del trigo transgénico argentino

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Por Mariano Féliz, Daiana Melón, Nora Tamagno

El 7 de octubre de 2020, la Secretaría de Alimento, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Ganadería y Pesca autorizó el trigo genéticamente modificado, conocido como HB4, que tiene tolerancia a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio (https://bit.ly/3x7hDlr ). De esta manera, Argentina se convertía en el primer país del mundo en autorizar un trigo transgénico.

A poco de anunciarse, aparecieron muchas voces en desacuerdo, exponiendo varios argumentos: se profundizará el modelo del agronegocio en desmedro de las producciones familiares y agroecológicas; se aumentará el uso del herbicida glufosinato de amonio, que ya se aplica en otros cultivos como la soja (y que tiene mayor toxicidad que el glifosato); los restos de herbicidas podrán formar parte de manera directa del pan, un alimento básico y esencial en el consumo popular; podrá cultivarse en zonas marginales, con lo que se agravaría el proceso de agriculturización (y desplazamiento de otros cultivos y producciones), profundizando el deterioro y la desertificación de los suelos; y se podrá contaminar (por polinización en el cultivo o por mezcla en los procesos de comercialización) el resto de la producción de trigo no transgénico.

Lo novedoso de la situación es que la decisión sobre la comercialización del trigo genéticamente modificado estará condicionada a la aprobación de Brasil, que es el principal importador del trigo de nuestro país. Este condicionamiento da cuenta del conocimiento de los múltiples cuestionamientos que existen en el mundo sobre el trigo transgénico, los que pueden entorpecer su comercialización. Sin embargo, el gobierno argentino, haciendo oídos sordos a estos cuestionamientos, avanza en su aprobación, priorizando el negocio a cualquier otro análisis que ponga en valor la vida, la salud humana y ambiental, la preservación de especies alimenticias, etc. 

En tiempos de pandemia, se colocó a la salud en un lugar “esencial”, por ello resulta inaceptable que el gobierno nacional anuncie que produciremos trigo transgénico sólo si Brasil está dispuesto a comprarlo, sin ser un factor a considerar en dicha decisión el impacto sociosanitario que tendrá en las comunidades. Además, es contradictorio (al menos en apariencia) que el gobierno esté dispuesto a aprobar esta semilla y el uso de su paquete de agrotóxicos, cuando días atrás, durante las actividades por el Día Mundial del Ambiente, el propio presidente afirmaba la necesidad y la importancia del cuidado del entorno; y cuando el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, calificó a los agrotóxicos como “venenos”. Una larga distancia entre el dicho y lo hecho (o por hacer).

En los próximos días, la Comisión Nacional de Bioseguridad de Brasil (CTNBio) tratará la aprobación del trigo transgénico, frente a la oposición por parte de diversas organizaciones e, incluso, de sectores industriales. En nuestro país, el colectivo “Trigo Limpio”  lanzó una nueva campaña que junta firmas para solicitar al Estado Nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo transgénico y que, al mismo tiempo, abra un espacio  amplio de debate ciudadano (https://bit.ly/3irZpao ). En la nota, que fue elaborada por un grupo de investigadores y docentes universitarios, además de enumerar las razones para no aprobar el trigo transgénico, se plantea que es “imprescindible iniciar una transición hacia otro modelo de agricultura y se solicita que se promuevan y apoyen iniciativas que contribuyan a la transformación del actual modelo hegemónico de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas eficientes y sustentables que consideren el interés común, el trabajo digno, la salud pública, la defensa de la vida y la casa común”.

Todas y todos sabemos que la mercantilización de la vida es una característica del capital global, pero muchas veces parece que el negocio se ha ido imponiendo de manera silenciosa, como por asalto y sorpresivamente. Lo que este tema nos permite ver con claridad, es cómo las políticas públicas son determinantes del avance de esa mercantilización, incluso en la producción de alimentos, generando los marcos regulatorios a demanda del mercado y de las empresas.

fuente: TRAMAS periodismo independiente

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