Miles se manifestaron contra el FMI y criticaron al gobierno por «reconocer una deuda fraudulenta»

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Resumen Latinoamericano

Respondiendo al llamado de la Autocovocatoria por la suspensión de pago e investigación de la Deuda, numerosas organizacione sociales y miles de manifestantes marcharon desde el Obelisco porteño hasta la Plaza de Mayo para repudiar la presencia del FMI en Argentina.

Con gritos de «Fuera, fuera el Fondo fuera» y carteles alusivos a lo que significa el pago de la deuda a nivel de aumentar la pobreza estructural en que está sumergido el pais, los manifestantes concluyeron la movilización leyendo un documento (ver al final de la nota) donde se denuncia la actitud de sumisión del gobierno frente al FMI, señalando textualmente: «Entre febrero y agosto de este año, el gobierno argentino desembolsó USD1.000 millones para cubrir intereses reclamados por el FMI, prácticamente equivalente al IFE4 cuyo pago se acaba de desestimar. Durante el actual mes de noviembre, mientras hacemos este acto y con la misión del Fondo en el país, se pagarán otros USD 307 millones».

Autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la Deuda:

Aquí nos convocamos organizaciones populares, referentes, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes y otres, a repudiar la presencia del FMI y todo acuerdo con él.

El día martes 10/11 llegó a la Argentina una misión del FMI, con el objetivo de negociar un acuerdo para la reestructuración de la deuda que el organismo reclama a nuestro país. De acuerdo a voceros del gobierno y medios de comunicación, se trataría de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con un período de gracia de 2 a 4 años. No está descartada la posibilidad de un desembolso de fondos adicionales de parte del FMI.

Los acuerdos de este tipo implican nuevos condicionamientos y una supervisión permanente de la política económica de parte del FMI, una injerencia que implica un mayor retroceso de la soberanía de nuestro país y la violación permanente de nuestros derechos como pueblo. Las denuncias recibidas de un centenar de organizaciones y referentes populares, en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI que se viene sustanciando desde fines de julio, son prueba de los desastres que provoca.

Sabemos lo que implica, porque el FMI históricamente pugna por la flexibilización laboral, la privatización de la educación y salud, la extensión de la edad jubilatoria, la baja de los haberes, y otras medidas anti obreras y anti populares. Este organismo no cambió, y aún en el marco de una pandemia mundial viene a tratar de imponer sus condiciones, siempre a favor del gran capital y los intereses geopolíticos detrás.

Entre febrero y agosto de este año, el gobierno argentino desembolsó USD1.000 millones para cubrir intereses reclamados por el FMI, prácticamente equivalente al IFE4 cuyo pago se acaba de desestimar. Durante el actual mes de noviembre, mientras hacemos este acto y con la misión del Fondo en el país, se pagarán otros USD 307 millones.

Es notorio como el ajuste presupuestario que buscan imponer acota las posibilidades de implementar políticas en salud, educación, asistencia social, vivienda y otras inversiones públicas urgentes. El Ejecutivo ya comenzó a actuar y anunció la presentación ante el Congreso de un “programa de consolidación macroeconómica

plurianual”, es decir, un plan de ajuste fiscal, monetario y financiero para garantizar los recursos. Es parte de este esquema el presupuesto de 2021: en aras de lograr el déficit cero en un par de años, elimina el IFE, fundamentales para la subsistencia de millones mientras la crisis económica no cede, a la vez que sostiene el ajuste en salarios estatales y jubilaciones.

A poco de la llegada al país de la misión del Fondo, el Gobierno presentó un proyecto para volver a la fórmula de actualización de las jubilaciones del 2008, a la que se agrega un tope aún cuando suba la recaudación del Anses. La única explicación para esto, es dar seguridades al Fondo y los prestamistas de que no habrá un aumento del gasto previsional. Nada importa que se sostengan los haberes de miseria, recortados por Mauricio Macri y la crisis del 2019, y ajustados nuevamente por la Ley de Emergencia Económica de diciembre pasado.

Los fondos de las jubilaciones han sido saqueados por sucesivas políticas de gobiernos comenzando por la baja de los aportes patronales con Cavallo y Menem y la privatización del sistema con las AFJP y luego con la compra de Bonos del Tesoro con dinero del ANSES destinados a pagar la deuda pública. Ahora, en nombre de la “sustentabilidad del sistema”, las jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del “ajuste”, con el fin verdadero de tornar “sostenible” el pago eterno de la deuda.

Las mujeres, las lesbianas, les trans y les travestis, son especialmente atacadas por esa política, ya que la mayoría reciben la miserable jubilación mínima. Además, sobre sus tareas no remuneradas descansan gran parte de las estrategias de supervivencia ante la crisis que no da muestras de ceder. Las innumerables violencias machistas que enfrentan tampoco cederán con un presupuesto conservador que no permita combatirlas, y no hay sistema de cuidados que pueda ponerse en pie si el único cuidado que se atiende es el de la caja.

Por otro lado, la presión por obtener dólares para el pago de la deuda, es presión en pos de la expansión extractivista y la devastación ecológica. Se multiplican las Falsas Soluciones como las mega granjas porcinas de potencial pandémico y la reciente aprobación del Trigo transgénico. Se insiste en Vaca Muerta y el fracking con su fuerte impacto ecológico y sobre las comunidades. Se promueve a todo vapor la megaminería contaminante como en Chubut, donde se promete que logrará terminar con la crisis provincial que no cesa hace ya dos años, insistiendo con lo que el pueblo ya rechazó en la calle y logró plasmar en la ley 5001 que la prohíbe. El desmonte y los incendios también avanzan sin parar. La respuesta, la represión a referentes que ahora son acusados/as de ecoterroristas.

Con un nuevo acuerdo, el gobierno está reconociendo plenamente una deuda contraída de manera ilegítima y fraudulenta con el FMI por parte de la administración de Mauricio Macri, destinada a financiar una gigantesca fuga de capitales, beneficiarlo en su campaña electoral y de todas maneras condicionar al próximo gobierno. Ninguno de estos hechos es auditado y sancionado como corresponde: ni por parte del organismo (que reconoce el mal uso del crédito), ni del Gobierno (que también lo expresa públicamente), ni del Congreso (que tiene el mandato Constitucional de arreglar la deuda) ni del Poder Judicial (que en el mejor de los casos simplemente “duerme” los expedientes).

La fuga de capitales y la presión por la dolarización no se detiene, con la brecha poniendo en jaque al esquema económico y presionando por mayores concesiones a los grandes grupos empresariales y transnacionales. Algunos reciben beneficios del estado bajo la forma de baja de retenciones, subsidios (como a las empresas petroleras) y devoluciones de impuestos (como sectores patronales agrarios). Otros, como los fondos especulativos Templeton, Blackrock, etc., obtienen la posibilidad de dolarizarse con un bono hecho a medida.

El proyecto del Ministro de Economía para que el endeudamiento externo se apruebe en el Congreso es una maniobra que busca expresar el “consenso político” que el FMI le ha pedido y recuperar algo de transparencia en un proceso de renegociación que no la tiene. El endeudamiento público llega hasta aquí manchado de barro y sangre, y prometer un proceso consultivo parlamentario para adelante no es una alternativa a la investigación de la deuda.

Por eso, rechazamos la negociación en curso y exigimos al gobierno que se suspendan todos los pagos hasta que la deuda pública sea investigada – incluyendo el acuerdo con el FMI-, la deuda ilegítima e ilegal anulada, los culpables de esos delitos sancionados, los fondos fugados repatriados y que se asegure la necesaria restitución y reparación a los pueblos y territorios.

Argentina no necesita endeudarse para cumplir con las necesidades y derechos del pueblo. Necesita poner fin al saqueo de sus riquezas empezando con estas medidas y siguiendo con muchas otras incluyendo el cobro de impuestos a quienes más tienen.

Invitamos a participar en la etapa final del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, que recibirá el próximo lunes 23 de noviembre, los Alegatos de la Acusación y concluirá a mediados de diciembre con la Sentencia final.

En la jornada de hoy se realizarán múltiples actividades en diferentes ciudades del país, desde las que llamamos a continuar la organización y movilización popular unitaria que se requiere.

FUERA EL FMI

NO AL AJUSTE Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES LA DEUDA ES CON EL PUEBLO Y LA NATURALEZA JUBILACIÓN, SALARIOS Y VIDA DIGNA PARA TODES

QUE PAGUEN QUIENES SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

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