Ni asesinados ni desaparecidos: se ahogaron solos. ¿Punto final?

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Por Ezequiel Kosak*

Santiago no sabía nadar, y por eso se ahogó. Esa fue la conclusión que, transformada en sentido común, le permitió a millones de argentinos dar vuelta la página de un hecho que sacudió al país durante semanas.

Palabras más, palabras menos, fue también el fundamento del juez que decidió cerrar la causa al año de realizada la autopsia. Se ve que demoró ese tiempo sólo en leer el informe, ya que no necesitó otras pruebas al momento de dictar su sentencia.

Es que, ¿para qué molestarse en seguir investigando lo ocurrido no? ¿Quién podría poner en duda los resultados de un informe firmado por cincuenta y cinco peritos? En adelante, cuestionar tal razonamiento e insistir en la responsabilidad de gendarmería prácticamente nos colocaba junto a quienes afirman que la tierra es plana:

“La ciencia ha hablado, la verdad ha sido revelada. Lo lamento por sus intereses político-partidarios pero ya no busquen más a quién condenar. Basta de delirios sobre guerras pasadas. El único responsable de esa muerte fue la propia víctima, que se hundió en el río helado mientras huía, solo y sin que nadie lo viera. Es triste pero así sucedió, no hay nada más de qué hablar”.   

 Pero hay aquí una confusión. La autoridad científica no funciona como otrora lo hizo “dios” a través de sus “representantes” en la tierra. Sus conclusiones no son palabra santa: la ciencia no tiene derecho a imponernos una verdad, sino que debe construirla a partir de evidencias que están sujetas a la discusión en la comunidad científica.

 Por supuesto, no soy yo quien tenga herramientas para comprender y juzgar los procedimientos y análisis de los peritos, pero sí las tiene Enrique Prueger, que cuenta con estudios y amplia trayectoria en criminalística. Y sus objeciones al informe oficial, elaboradas con colegas de universidades públicas, fueron muy poco difundidas, a pesar de contar con el respaldo de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.

 Prueger no cuestiona la causa del fallecimiento, pero plantea serias dudas sobre la afirmación de que el cuerpo permaneció en el lugar donde fue encontrado por tanto tiempo. Lean por favor algunos de sus argumentos:

 -Los peritos calculan que el cuerpo estuvo sumergido en el río entre 53 y 73 días (desaparecido estuvo 78). Sin embargo, arribaron a esa conclusión considerando la temperatura del agua en sus días más fríos, y no utilizando una temperatura promedio como hubiera correspondido. De haberlo hecho, el tiempo estimado en el que se mantuvo bajo el agua se reduce notoriamente.

 -En su bolsillo había billetes en perfecto estado, que el juez se negó a peritar. Santiago tenía puesta ropa de algodón, ¿cómo no se disolvió luego de dos meses y medio bajo el agua? La ropa además estaba intacta, sin ningún rasguño, ¿ni siquiera al ahogarse realizó movimientos desesperados? Imposible no engancharse con el ramaje abundante del lugar. Las zapatillas aún conservaban barro en las suelas.

 -En sus prendas hallaron granos de polen de árboles que no se encuentran al margen del río. En el informe consta además una definición contundente que aporta la palinóloga Povilauskas: bajo ningún punto de vista esos granos de polen podrían permanecer adheridos al nylon del pantalón y demás prendas por más de veinte, a lo sumo treinta días, incluso aunque la corriente del río sea mínima (que no lo fue: la zona fue varias veces rastrillada sin encontrar rastros del cuerpo). 

 -En el mismo lugar donde hallaron el cuerpo de Santiago Prueger desarrolló un experimento que consistió en hundir un kilo de carne y pesarla regularmente, para poder dimensionar la degradación producida por la fauna del río (peces, cangrejos, entre otros). Al poco tiempo del pedazo de carne no quedó nada. 

 -En aquel agosto la profundidad del río no superaba los 50 centímetros. En el cuerpo de Santiago además se comprobaron lesiones producidas por el frío hasta las rodillas. ¿Cómo podría alguien ahogarse con el agua a esa altura?

 El juez Lleral le negó a la defensa la posibilidad de exponer estas y otras dudas, cuando su obligación era clarificarlas: así lo reconoció la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en septiembre del 2019 reabrió la causa.

 Es que la autopsia no lo explica todo, ni podría hacerlo:

 -No reconstruye el contexto de represión ilegal de la gendarmería. El destino de la víctima no se puede escindir de esa circunstancia;

 -No investiga las maniobras de encubrimiento, que involucran no sólo a miembros de la fuerza sino a una fiscal y un juez federal, funcionarios políticos nacionales y hasta medios de comunicación, que aparte de no colaborar aportando la información relevante en su poder divulgaron infinidad de pistas falsas y declaraciones hirientes, actitudes carentes de todo sentido si Santiago, simplemente, se hubiera ahogado;

 -El informe ni siquiera da respuesta suficiente para determinar cómo, cuándo y dónde murió Santiago, y esa es la verdad que su familia aún le reclama a la justicia.

La manipulación en torno al alcance y significado de esa autopsia es un antecedente importante a tener en cuenta ahora que los diarios titulan que Facundo “murió ahogado en el lugar donde fue hallado” (La Nación), o “el informe final sostiene que murió de forma violenta pero no puede determinar si fue asesinado” (Página 12). ¡Es que el informe tampoco pudo determinar lo contrario!

Cuando la perita de la familia (Virginia Creimer) llegó al ateneo judicial, lejos de propiciar el debate, las 72 páginas del informe ya estaban escritas. La jueza expresó a los medios que el mismo fue de conformidad, cuando en realidad Creimer firmó en disidencia parcial.

Una odontóloga cambió de parecer (sin desarrollar sus fundamentos) en relación a un fenómeno de “diente rosa” que podría servir de indicio sobre lo ocurrido al momento del ahogamiento.

Extrañamente, en el informe decidieron explicitar que “no hay signos de participación de terceros”, cuando lo usual es expedirse en positivo: si hay signos se deja constancia, si no los hay, ¿por qué motivo enfatizarlo? La verdad es que la participación de terceros tampoco puede descartarse, dada la descomposición del cuerpo.

 “El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”, expresa textual el informe.

 “Nadie hace 120 kilómetros a dedo para suicidarse en un cangrejal”, reflexiona Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia. “No somos antropólogos, biólogos ni bioquímicos, pero vimos una huella (de camioneta) que paraba justo donde estaba el esqueleto, y una zapatilla intacta a 20 metros, ¿por qué los antropólogos forenses no lo tuvieron en cuenta como parte del contexto?”, agrega Leandro Aparicio, el segundo abogado de la familia, convencido de que el homicidio es la única hipótesis probable.

Porque, si así no fuera, ¿qué haría un móvil policial de Bahía Blanca a 800 metros del lugar donde el pescador encontró el cuerpo de Facundo –un lugar que ya había sido rastrillado-, justo el mismo día que una de las policías implicadas borraba el WhatsApp de su celular?

Móvil donde Yatel, el perro entrenado por Marcos Herrero, encontró una turmalina que usaba Facundo. También halló el amuleto que le había regalado su abuela en un calabozo de Mayor Buratovich, y reconoció su olor en los patrulleros donde según los testimonios policiales jamás había estado. El material genético presente en esos móviles se está analizando.

¿Por qué sus dos celulares estarían en la mochila –que como a sus restos la encontraron un sábado otros pescadores en ese lugar ya rastrillado-, si lo normal era que los lleve en el bolsillo?

Si Facundo simplemente se ahogó luego de caerse de un puente, ¿por qué las versiones policiales serían tan contradictorias, algunas ya demostradas como falsas? ¿Por qué ocultarían mensajes e imágenes de sus celulares, relevantes para la investigación? ¿Por qué la bonaerense amedrentaría a testigos, a familiares de su ex­-novia, a los abogados?

Como en el caso de Santiago, la autopsia del cuerpo de Facundo es un elemento necesario en la causa, pero su importancia necesita ser comprendida en el contexto de todas las demás evidencias.

Si bien existieron algunos gestos políticos diferentes en el trato recibido por ambas familias, nuevamente resulta inocultable la falta de colaboración e incluso complicidad entre funcionarios judiciales, medios y responsables políticos del gobierno en el desvío y encubrimiento de la principal hipótesis de una investigación cuyo objetivo debiera ser garantizarnos conocer la verdad y castigar a los culpables.  

Las historias de Facundo y Santiago lograron ser emblemáticas a nivel nacional gracias al reclamo sostenido de sus familiares y las organizaciones que acompañaron su lucha, pero no se trata de excepciones ni de casos aislados.

Según datos de la Correpi (al Estado todavía no le interesa llevar un registro detallado de la violencia que sus instituciones represivas generan), desde el regreso a la democracia a la fecha las fuerzas “cuyo trabajo es cuidarnos” estuvieron involucradas en más de seis mil muertes. Fueron responsables de una cada 19 horas durante el 2019. Que el último en verte con vida ande en patrullero es más común de lo que creemos.

Los números de la máquina de gatillar crecen a un ritmo alarmante mientras los aspirantes a representar la pulsión punitiva de nuestra sociedad (que late cada vez más intensamente) no tienen reparos al incentivar las pasiones de aquellos “vecinos honestos y decentes” que militan el asesinar “delincuentes” (categoría flexible que exige cada vez menos pruebas concretas para validarse, pretendiendo que cualquiera pueda ser juzgado sin demasiado derecho a defensa).

Amparadas en esas declaraciones transversales a las dos principales coaliciones políticas de gobierno (se llegó a justificar una “doctrina” que legitima disparar por la espalda), cada vez son más quienes dan rienda suelta a sus ansias por resolver de forma violenta nuestros conflictos sociales.

Además instalan la sospecha sobre “las intenciones políticas” de los familiares de víctimas de fuerzas represivas, e incluso se les acusa livianamente de buscar fama o cobrar fortunas, avalando con obsecuencia cualquier versión mediática u oficial que los contradiga.

El apuro de los poderosos por acallar la discusión pública y las movilizaciones en torno a estas causas, orientando las investigaciones hacia muertes “accidentales” donde ningún implicado recibirá condena, es una mala señal de época.

Más cuando se promueven consensos de impunidad basados en razonamientos burdos, enunciados con los términos que gusten oír sus respectivas hinchadas: “¿qué hacía el hippie cortando rutas?”, o “la bonaerense se maneja sola”, de todas formas “hay que aceptar lo que resuelva la justicia, no es comparable un caso con otro”. 

Resulta imperioso mantener vivos los debates profundos que esos cuerpos gritan: el histórico despojo de nuestras tierras, la criminalización de métodos pacíficos de protesta, la saña contra la juventud de los barrios empobrecidos (especialmente cuando no se muestran sumisos ante la muchas veces arbitraria autoridad policial).

Y por supuesto, la más que preocupante permanencia de instituciones represivas capaces de torturar y asesinar en democracia, entrenadas para abandonar un cuerpo sin marcas ni golpes en caso de que crezcan las luchas que claman por su aparición con vida, creyendo obtener así una garantía de impunidad.

Fuerzas estatales de las que ningún gobierno hasta ahora parece querer desprenderse, o al menos atreverse a cuestionar y revisar su accionar. Es como si, de facto, las dejaran mandar en territorios con población “sobrante”, perdonándole sus “excesos” siempre y cuando la casa esté en orden.

Para ejercer esas desagradables tareas de control se ve que las necesitan: que nada perturbe la paz de los privilegiados mientras los pobres se matan entre sí. No es un trabajo sencillo, que pueda dejarse al azar.

Ojalá desterremos de nuestro horizonte la lógica cruel de la represión. Y que nuestra democracia sea cuna que potencie las luchas de la dignidad y los derechos humanos, y no una máscara que abriga y alimenta la maldad que nos ahogue. 

*Educador

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